Un centenar de beneficiados por la amnistía en dos meses

El número de personas que fueron beneficiadas por la amnistía al “procés” asciende al menos a 102, entre condenados que fueron exonerados y absueltos que fueron cancelados sus antecedentes -incluidos los policiales- desde que la norma entró en vigor hace dos meses, el pasado 10 de junio.

Entre los beneficiados con mayor relevancia se encuentran el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el escolta del propio expresidente catalán Lluís Escolà, el exconseller de Interior del Govern Miquel Buch así como varios exconcejales del PSC y la exalcaldesa de Figueres Marta Felip.

Todas las amnistías concedidas hasta ahora fueron acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña. Se vieron beneficiadas personas encausadas por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de artefactos explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, delitos contra la integridad moral y lesiones.

Dos meses después de que los jueces comenzasen a aplicar la norma, el número de beneficiados estimado por la Fiscalía -existen 82 causas y 486 personas podrían disfrutar de la amnistía- todavía está lejos de alcanzarse. El Ministerio Público también matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en todos los procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley -como, por ejemplo, delitos de odio- en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal.

Dilatación de meses

En algunos casos, además, el proceso de su posible aplicación se dilatará previsiblemente meses. Tal es el caso del expresidente de la Generalitat Quim Torra y de los exdiputados del Parlament Pau Juvillá (CUP) y Bernat Solé (ERC). A finales del pasado mes de julio la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó elevar sus respectivas causas al Tribunal Constitucional ante las dudas de que la aplicación de la Ley de Amnistía vulnere preceptos recogidos en la Carta Magna.

El TSJC también planteó cuestiones de inconstitucionalidad en los hechos imputados a la exconsellera de Cultura Natalia Garriga (ERC); el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. El principal excluido en la aplicación de la norma es Puigdemont, a quien todavía le quedan pendiente dos frentes judiciales: las consecuencias del “procés” y la supuesta trama rusa del independentismo catalán.

En el primer caso, el juez Pablo Llarena rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación, el único que se le imputa actualmente. Sobre Puigdemont pesa precisamente una orden de detención que debió ser ejecutada tras su regreso a España la pasada semana, pero su huida evitó que declarase ante el magistrado.

En el segundo caso, el relativo a los presuntos contactos del independentismo con el Kremlin para lograr apoyos, el alto tribunal debe contestar a la exposición razonada que el juez Joaquín Aguirre le remitió pidiendo que investigase al expresidente catalán.

Los que sí resultaron amnistiados fueron 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.