Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han elevado a 37 fallecidos y hasta 77 desaparecidos las víctimas de los sucesos ocurridos hace un año en la valla de Melilla, cuando alrededor de 2.000 migrantes y refugiados subsaharianos intentaron entrar en España desde Marruecos. Las cifras oficiales indicaban que hubo 23 muertos y más de un centenar de heridos.
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades de España y Marruecos no han hecho hasta ahora una investigación “efectiva e independiente” sino que por el contrario, han “encubierto” y “obstaculizado”, lo que deja a decenas de familias en una situación de “angustia”.
“Las familias están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”, indicó ayer Amnistía Internacional, la víspera del primer aniversario de aquellos sucesos. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, sostuvo que las autoridades españolas y marroquíes “no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad”.
Callamard precisó que al menos 22 cuerpos siguen en una morgue en Marruecos y “son bloqueados” los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas y que las autoridades “no han hecho ningún intento” de repatriar los restos de las víctimas.
Además, Amnistía Internacional añade que las autoridades de España y Marruecos no han facilitado una lista completa de nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación.
En concreto, lamenta que las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó su investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas. Respecto a las autoridades marroquíes, no han abierto ninguna investigación.
