Los grupos parlamentarios en el Senado alcanzaron un acuerdo para dar un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera a las personas mayores. Así se recoge en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El texto de la enmienda, transaccionado por todos los grupos sin Ciudadanos ni Vox, establece que “el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses siguientes a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por ‘brecha digital”.
El texto aprobado ayer por la Cámara Alta, que modifica el texto remitido por el Congreso de los Diputados, deberá volver después a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. “Tenemos en cuenta la situación de exclusión financiera que se personalizó en el lamento del pensionista Carlos San Juan, que nos hizo ver que los mayores no se sienten bien tratadas”, apuntó la senadora del PSOE María Esther Carmona, ayer en el debate del proyecto de ley en el Senado, refiriéndose a la campaña lanzada por San Juan en Change.org, bajo el lema “Soy mayor, no idiota”.
El PP y Compromís habían presentado diferentes enmiendas para dar una respuesta a la exclusión financiera en la ley. El grupo popular proponía que las entidades bancarias garantizasen la atención presencial, sin discriminación motivada por la “brecha digital”; y Compromís, que se incluyese la “edad” como un factor de vulnerabilidad para dar respuesta a las reivindicaciones de los mayores.
Además, el PP decidió mantener viva otra enmienda por la que pide que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y las entidades financieras bancarias, mediante convenios entre ambas, faciliten que las entidades bancarias presten sus servicios financieros a través de las oficinas de correos o Unidades Móviles Financieras en el medio rural donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.
A su paso por el Senado, los grupos también introdujeron en el proyecto de ley de consumidores vulnerables la generalización del etiquetado de los productos en alfabeto braille, algo que hasta el momento solo es obligatorio para los medicamentos. En concreto, el Pleno da un plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para “desarrollar un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen el acceso universal”.
