En la crisis de 2008, España adoptó severas medidas de austeridad, a pesar de tener un desempleo elevado. Pero no lo hizo por voluntad propia, sino bajo presión. Se encontró sin capacidad de refinanciar su deuda y se vio obligada a recortar su gasto y a subir los impuestos. Ante la imposibilidad de un cambio inmediato del modelo productivo, la devaluación interna perfiló la salida de aquella crisis, no sin muchas dificultades que todavía hoy siguen coleando. El rescate del país se acotó al mundo financiero y se llevó por delante las cajas, por entonces la mitad de su sector.
En la crisis de 2020, la de la pandemia, agravada por la guerra de Ucrania, incluso los organismos y gobiernos más ortodoxos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional y el Presidente EE UU apostaron desde el primer momento por políticas expansivas para sanidad, educación y saneamiento público, una posición secundada por España, en el marco de las políticas de la Unión Europea, desplegadas por un lado desde el Consejo y la Comisión Europea a través de los fondos de recuperación Next Generation EU y, por otro, desde el Banco Central Europeo (BCE), con compras masivas de deuda pública sin apenas coste.
La UE exigió a España profundizar en la reforma laboral y de pensiones para que pudiese canalizar las ayudas y préstamos que se planificaron en Bruselas para paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. También se le exigió a España iniciar la consolidación fiscal tan pronto como la economía lo permita –léase gastar menos e ingresar más–, lo cual hará necesaria una reordenación de impuestos que todavía no se ha producido, a diferencia de las reformas de las pensiones y del mercado de trabajo.
El actual escenario sigue dominado, por tanto, por este tipo de políticas, pero ya con una tendencia decreciente, habida cuenta que los fondos irán yendo a menos, las reformas necesitarán reajustes y la llave del dinero no solo estará más cerrada, sino que su precio se está elevando. Nada de esto es una peculiaridad de España, pero aquí se dan algunos aspectos diferenciales, como una recuperación del PIB de 2019 más lenta que en otros países desarrollados y un nivel de endeudamiento situado entre los más altos de la eurozona, junto con Italia, de ahí la sintonía de sus jefes de Gobierno, a pesar de que Sánchez sea socialdemócrata y Meloni de extrema derecha.
El Gobierno de coalición, que seguramente ha cometido errores de bulto merecedores de severos reproches, también ha tenido aciertos que –a la vista de las encuestas– no ha sabido comunicar; sobre todo en materia económica. O, lo que puede ser peor, políticas con minúsculas de su gestión se han llevado por delante políticas con mayúsculas.
La subida de las pensiones y del salario mínimo son, por ejemplo, palabras mayores. Del mismo modo que el esfuerzo fiscal de reducir el IVA de la electricidad, del gas, briquetas y pellets, así como el de los alimentos de primera necesidad, o el impuesto especial de la electricidad. Y a todas esas medidas de ingresos suma este Gobierno otras medidas de gasto que tampoco han tenido mucho reconocimiento. Como la bonificación al carburante o las ayudas a sectores, particulares y refugiados. Son, en conjunto, muchos miles de millones que tal vez podrían haber dado para muchos titulares si otros asuntos no hubieran propiciado tantos errores.
@J_L_Gomez
