La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) entra en su recta final tras los acuerdos de esta semana entre los gobiernos de la Unión Europea y la Eurocámara, pero quedan asuntos por cerrar e interrogantes como el alcance de las exigencias ambientales o el reparto de las ayudas para el campo español. Los ministros de Agricultura de la UE y el Parlamento Europeo (PE) han pactado sus respectivas posiciones para el último tramo de una negociación que empezó en 2018 y que dará como resultado la PAC poscoronavirus (2023-2027), con la sombra del cambio climático.
Las instituciones comunitarias -Consejo de Ministros, PE y Comisión Europea- empiezan ahora las reuniones a tres bandas para cerrar el acuerdo definitivo con vistas a que los reglamentos estén aprobados en 2021; su entrada en vigor será posterior, ya que existe una regulación transitoria de dos años, que posibilita la continuidad en el pago a los agricultores y ganaderos. Queda mucha letra pequeña que conocer para el sector agroalimentario sobre la aplicación práctica de las grandes líneas, su reflejo en los planes nacionales o la ambición en las medidas frente a las crisis de precios. También está por ver el avance de enmiendas como la que plantea excluir a los toros de lidia de las ayudas, que ha respaldado la Eurocámara.
España recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC, según el acuerdo alcanzado en la cumbre histórica del pasado verano, en la que los líderes comunitarios también aprobaron el fondo de reconstrucción de la UE tras la pandemia. España será así el tercer beneficiario de fondos agrícolas, por detrás de Francia y de Alemania.
EL MEDIOAMBIENTE
Cada reforma hecha en la PAC introduce nuevos conceptos, si bien en anteriores revisiones ya se reforzaron los requisitos ambientales que condicionan las ayudas. En esta negociación, la UE introduce planes estratégicos nacionales, con mayor margen de acción para los Gobiernos, y, por otro lado, los llamados “eco-esquemas” (ayudas complementarias para cumplir prácticas beneficiosas para el medioambiente).
La posición del Consejo es que los "eco-esquemas" alcancen el 20% de las ayudas directas, con dos años “de aprendizaje” -de forma que los no utilizados se destinen a otros fines- y con flexibilidad, por ejemplo, para primar prácticas como la producción ecológica o la actividad forestal. Pero la Eurocámara reclamó que los "eco-esquemas" representen el 30% de los pagos directos; por otra parte, defendió que un 35% de las partidas para desarrollo rural se destinen a actuaciones medioambientales.Representantes de los agricultores criticaron que la UE les obligue a “hacer más con menos (dinero)”, mientras que los ecologistas afirman que en la reforma se están descafeinando los objetivos verdes.
Por otro lado, el Consejo apoyó que al menos un 2% de fondos de la PAC vayan a agricultores jóvenes, y la Eurocámara lo eleva al 4%. En cuanto a los límites de pagos directos, el PE apoyó el proyecto inicial de Bruselas y defendió, por un lado, bajar las subvenciones para beneficiarios que perciban más de 60.000 euros y, por otro, un techo de 100.000 euros.
