Reforma laboral y pensiones, compromisos de los fondos UE
España debe cumplir una serie de objetivos para recibir 140.000 millones del Plan de Recuperación
Los primeros pasos de las reformas laboral y de pensiones, cuyo anteproyecto de ley fue enviado el pasado martes por el Consejo de Ministros al Congreso para su debate, así como la asignación de la banda del espectro de los 700 megahercios, o la aprobación de un nuevo ciclo de revisión del gasto, figuran entre los objetivos que el Gobierno se ha comprometido a cumplir este año para recibir los fondos europeos.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que España va a vehicular 140.000 millones de euros de fondos europeos en seis años, prevé una serie de hitos y objetivos semestrales que tienen que completarse para desbloquear cada tramo de fondos. Tras un pago inicial de prefinanciación de 9.000 millones que llegó el pasado 17 de agosto, el desembolso del primer tramo, 10.000 millones este mismo año, está sujeto al cumplimiento de medio centenar de objetivos, en su mayoría ya completados, como la implementación de los impuestos digital y financiero o la publicación de la Estrategia Española de Ciencia.
El siguiente reto, por lo tanto, es cumplir los compromisos del segundo tramo -12.000 millones a recibir en la primavera de 2022- antes de final de año, donde ya figuran, entre otros muchos ámbitos, hitos de las reformas laboral y de pensiones, que el Gobierno busca consensuar con patronal y sindicatos.
Nuevos tipos de contrato
Así, en el plano laboral, entre los temas más relevantes está la simplificación de los tipos de contrato con la idea de reducirlos a tres, el primero de ellos sería el denominado estable o indefinido, que tendría un carácter preferente con la intención de que se convierta en el más habitual; un segundo sería el temporal y el último de formación. Un tema donde la patronal CEOE ha rechazado con dureza las propuestas hechas hasta la fecha por el Ministerio de Trabajo.
Asimismo se incluye la adopción de un nuevo modelo de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) apuntado como un “sistema que proporcione flexibilidad interna a las empresas y estabilidad a los trabajadores”. También están como metas la mejora de los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas o la “modificación del Estatuto de los Trabajadores para mejorar las normas legales que regulan la negociación colectiva”.
En pensiones, para este año se recogen puntos clave incluidos en el primer paquete de medidas pactado con patronal y sindicatos y que este otoño afrontan el trámite parlamentario como son la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, puesto que con la reforma quedará vinculado al PIC, o las distintas medidas para ir acercando la edad efectiva de jubilación con la edad legal.
El líder del PP, Pablo Casado, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar las ayudas “para su agenda electoral” y para contentar a sus socios de Unidas Podemos y los partidos independentistas. Además, ha advertido de que el plan es como “un gigantesco ‘Plan E’ verde y digital” para “dilapidar” el dinero.
Ventanillas para rehabilitación y retos tecnológicos como el 5G
Entre los cerca de cincuenta hitos y objetivos que cumplir del segundo tramo se incluye también la entrada en vigor del real decreto sobre las oficinas de rehabilitación, unas ventanillas únicas que facilitarán la gestión de las ayudas a la rehabilitación de edificios, una de las principales políticas del plan dotada con 4.420 millones. Figuran asimismo retos tecnológicos, como la asignación de la banda del espectro de los 700 megahercios (vital para el desarrollo del 5G), la puesta en marcha de una carta de derechos digitales o un acto jurídico sobre la reducción de la fiscalidad del espectro del 5G.
También hay objetivos energéticos, ya que la transición ecológica es uno de los cuatro pilares del plan, como la estrategia nacional de autoconsumo, la hoja de ruta de la energía eólica marina o la concesión de ayudas para la transición justa.
En materia de Hacienda, se tiene que avanzar en la modernización de la Agencia Tributaria, con más efectivos e investigaciones, mejorar el programa Renta Web de presentación de la declaración del IRPF y de declaración del impuesto de sociedades. Además, se aprobará un nuevo ciclo de revisiones del gasto, que se encargarán a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), así como un informe de alineamiento de los Presupuestos con los objetivos de desarrollo sostenible. También tendrá que entrar en vigor la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, otro reglamento de planificación hidrológica, la Oficina Nacional de Evaluación o el fondo de competitividad turística.
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