Los sindicatos franceses convocaron este martes la decimocuarta, y tal vez la última, jornada unitaria de protestas contra la reforma de las pensiones en un pulso que se va a prolongar el jueves en lo que se prevé como una sesión de bronca parlamentaria en la Asamblea Nacional.
Las centrales convocaron unas 250 concentraciones por todo el país, en las que los servicios de información de la policía anticipan que podrían participar de 400.000 a 600.000 personas y, ante el riesgo de que alguna de ellas degenere en enfrentamientos, como ocurrió la última vez, el 1 de mayo, el Ministerio del Interior ha movilizado a 11.000 agentes, de los que 4.000 se desplegarán en París.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, indicó también a través de su cuenta de Twitter que esos mismos servicios de información anticipan la llegada de miembros de la ultraizquierda del extranjero, por lo que impuso 17 prohibiciones administrativas de entrada a Francia para individuos fichados por ser potencialmente violentos, sin precisar en qué países se aplicarán.
Como ocurrió en las últimas jornadas de movilización por las pensiones, no se espera un gran impacto de las huelgas que se van a organizar en sectores estratégicos como el transporte, con la notable excepción de la aviación.
Ante la convocatoria de huelga de alguna organización representativa de los controladores, la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) indicó a las aerolíneas que tendrán que suprimir un 33% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly y un 20% en los de Lyon, Marsella, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes. Además de los varios cientos de vuelos anulados en esas plataformas, también podrían verse afectados algunos otros que sobrevuelen el espacio aéreo francés.
Transporte ferroviario
En el transporte ferroviario, se van a cancelar de media uno de cada diez trenes. Esta vez no se verán afectados por el paro los del corredor París-Barcelona, que circularán normalmente, precisó una portavoz de la compañía estatal SNCF.
La ley que reforma el sistema de pensiones, y que en primer lugar retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64 años, fue formalmente aprobada por el Parlamento en abril después de una más que polémica tramitación -el Gobierno recurrió a un mecanismo constitucional para evitar el voto de los diputados- que atizó las protestas en las calles.
La imagen del Ejecutivo y del presidente, Emmanuel Macron, se vio muy seriamente dañada desde entonces y la agenda parlamentaria quedó en la práctica congelada, ya que el Gobierno carece de una mayoría en la que apoyarse.
Esa situación de bloqueo es la que debería manifestarse de nuevo el jueves, cuando está programado el examen por los diputados de una proposición de ley de un grupo minoritario de oposición, LIOT -de centroderecha y regionalista-, que pretendía anular la reforma y que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de prosperar.
