Los pensionistas van a ganar este año poder adquisitivo por primera vez desde 2015, casi un punto porcentual derivado de la contención de la inflación, que se sitúa en un 0,7 % de media en los últimos doce meses frente al 1,6 % de la revalorización de pensiones de principios de año. Siguiendo la misma fórmula que el año pasado utilizó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para calcular la paga compensatoria o "paguilla", la media de las doce tasas anuales de inflación que van de noviembre de 2019 a diciembre de 2018 da como resultado un alza del 0,7 %, con lo que este año no habrá que compensar a los pensionistas por el desvío de la inflación.
Tradicionalmente las pensiones se revalorizaban por ley conforme a la inflación anual de noviembre, tasa con la que se calculaba la compensación a la que tenían derecho los pensionistas si el IPC era mayor a la subida fijada a principios de año. En 2011 el Gobierno del PSOE congeló las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, y los pensionistas ya no volvieron a percibir esa paga hasta 2018.
Entre 2014 y 2017 las pensiones subieron un 0,25 %, en aplicación de la reforma del Gobierno del PP de 2013 que estableció esa subida mínima mientras la Seguridad Social estuviera en déficit. Aún así los pensionistas ganaron poder adquisitivo en 2014 y 2015 por la caída del IPC.
las menores crecen más
De vuelta a 2019, la ganancia de poder adquisitivo va a ser mayor para las pensiones mínimas y no contributivas, porque se incrementaron un 3 % a principios de año. En numerosas ocasiones, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, explicó que en ningún caso esta situación supondría que los pensionistas tuvieran que devolver dinero a la Seguridad Social y que esta ganancia servirá para compensar perdidas de poder de compra de otros años.
Para el próximo año, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a revalorizar las pensiones un 0,9%, si bien en las previsiones macroeconómicas gubernamentales se calcula un deflactor del consumo privado (indicador similar al IPC) del 1,6 % para 2020. Está pendiente una reforma del sistema que concrete la fórmula a aplicar en las futuras revalorizaciones de las pensiones, una vez que se ha dejado en suspenso la reforma que el PP hizo en 2013 sin consenso social ni político.
Las movilizaciones de los pensionistas y la presión del PNV obligaron al propio Ejecutivo del PP a saltarse su norma y a volver a subir las pensiones en 2018 conforme al coste de la vida, ya que fue la contrapartida exigida por los nacionalistas vascos para dar su apoyo a los presupuestos de aquel año. Lograr el consenso necesario para reformar las pensiones no va a ser fácil después de que en febrero saltara por los aires el acuerdo de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que iba a recomendar al Gobierno que volviera a subirlas con el IPC, así como otra serie de medidas destinadas a aliviar la presión financiera que va a soportar el sistema con el progresivo envejecimiento de la población.
Movilización en Francia por la rebaja de la edad de jubilación
El Gobierno francés busca puntos de negociación con los sindicatos para poder desactivar la huelga contra su proyecto de reforma de las pensiones que mantiene parcialmente paralizado al país, sobre todo los transportes públicos de las grandes ciudades. Mientras numerosos miembros del Ejecutivo recorren el país para explicar directamente a los ciudadanos los puntos claves de su plan, se multiplican los llamamientos al diálogo y la petición de que reactiven los transportes, sobre todo, de cara a las vacaciones de Navidad.
La secretaria de Estado de Economía, Agnès Pannier-Runacher, aseguró ayer que hay numerosos puntos de su reforma sobre los que se puede negociar, en particular la bautizada como "edad de equilibrio" para la jubilación, fijada por el Gobierno en 64 años. Precisamente ese es el punto que más oposición despertó en el frente sindical, que lo considera, de facto, un retraso de la edad mínima de jubilación.
De hecho, el proyecto prevé que aquellos que quieran jubilarse antes de esa edad perderán parte de su pensión y quienes decidan prolongar su vida laboral verán aumentada su remuneración. Esa edad de 64 años "es negociable, es solo una propuesta y nuestra puerta está abierta", señaló Pannier-Runacher en la televisión "BFMTV". Ese puede ser el eje con el que el Ejecutivo pueda entrar en contacto con los sindicatos, al menos con los más reformistas, como la CFDT, mayoritario en el sector privado, cuyos responsables ya aseguraron que es precisamente el retraso de la edad de jubilación lo que les hace rechazar el proyecto.
Más complejo parece el diálogo con otros sindicatos, como la CGT, que no se conforma con retirar ese punto de la reforma y exige la supresión completa de la misma. Este sindicato, mayoritario en el sector de los transportes públicos, defiende los regímenes especiales que tienen esos trabajadores, que el Gobierno quiere igualar con el resto de los empleados.
