El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que permitirá a los usuarios reclamar ante un único organismo tanto cuestiones bancarias, como de seguros o de inversión financiera.
Hasta ahora las reclamaciones se presentaban ante el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), respectivamente, pero cuando la nueva institución sea una realidad quedarán centralizados los actuales servicios de reclamaciones de los tres supervisores.
El Pleno del Congreso rechazó todas las enmiendas presentadas al dictamen del proyecto de ley, pero el dictamen salió adelante con 186 votos a favor, 47 en contra y 95 abstenciones en los términos en los que lo aprobó la Comisión de Asuntos Económicos.
Entre las principales novedades que se han incorporado en el proyecto tras su paso por la Cámara Baja, destaca que las entidades financieras que reciban un mayor número de reclamaciones, si además resultan en su contra, serán quienes paguen el grueso de los gastos de funcionamiento de este nuevo organismo.
La ideal inicial del Gobierno de que las propias entidades fueran las que financiaran el funcionamiento de la autoridad se mantiene viva, pero ha desaparecido la tasa fija de 250 euros por reclamación que planteó el Ejecutivo y fue criticada por los grupos y el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso llegó a un acuerdo para establecer un pago en relación al volumen de quejas presentadas contra una entidad al final de un ejercicio, con una penalización mayor cuantas más reclamaciones sean favorables al cliente.
Tras el visto bueno del Congreso, el 40% de los gastos de la autoridad financiera se repartirían entre las entidades según las reclamaciones presentadas y ya resueltas. El 60% de los gastos restantes correspondería abonarlo igualmente a las entidades por las reclamaciones perdidas.
