El impuesto para las grandes fortunas, ante el Constitucional

El Gobierno andaluz presentó ayer ante el Constitucional el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas, en el que pide su suspensión cautelar, ya que considera que es “un impuesto contra Andalucía” y que invade las competencias autonómicas.

El recurso de la Junta recoge que el nuevo impuesto “constituye un ataque al orden constitucional de una gravedad extrema”, por lo que pide el ejercicio del Tribunal Constitucional.

El Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas.

La Junta pide que se declare la inconstitucionalidad del tributo y su consiguiente nulidad, pero mientras se decide, solicita su suspensión cautelar para evitar “perjuicios irreparables”.

En su argumentación, expone que se vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tras una actuación del Estado que “prescinde absolutamente del procedimiento y de las garantías” constitucionales para alterar un tributo cedido.

El recurso argumenta que se crea “de manera artificiosa” un impuesto que coincide “en sus elementos esenciales” con el Impuesto de Patrimonio, por lo que “vuelve a ocupar un hecho imponible que ya tenía gravado” y lo diseña “de manera que se vacíen de contenido las competencias normativas” de quienes lo hayan bonificado.

Además, “hace de peor condición” a las comunidades de régimen común respecto al País Vasco y Navarra, ya que con ellas se pactará en comisión mixta la adaptación al nuevo impuesto.

La Junta defiende que el impuesto a las grandes fortunas “supone en lo esencial un Impuesto sobre el Patrimonio bis” con el que el Estado “vuelve a ocupar un hecho imponible ya gravado por él mismo” con el Impuesto de Patrimonio.

Asimismo, “vacía y deja sin contenido” las competencias normativas atribuidas a la comunidad andaluza sobre el Impuesto de Patrimonio, por lo que “vulnera” su autonomía financiera y política al modificar “de manera fraudulenta” y sin seguir el procedimiento constitucional establecido para la cesión del referido impuesto.

Respecto al segundo argumento principal, el de la tramitación parlamentaria, reseña que se ha tramitado indebidamente mediante una enmienda a una proposición de ley, lo que ha impedido que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas.

La Junta considera que se ha producido “fraude de ley” y que se utiliza el derecho de enmienda de los parlamentarios para “soslayar” el procedimiento establecido en el bloque de constitucionalidad “y conseguir tener cuarenta días más tarde neutralizadas y vacías de contenido las competencias normativas de las comunidades”.

El gobierno andaluz está convencido de que el Estado, a través del Legislativo, “ha actuado de mala fe” en el procedimiento.