El Instituto de Estudios Económicos (IEE) afirma que la escasez de vivienda en España pasa por fomentar la promoción de vivienda en alquiler social asequible en lugar de la fórmula de vivienda protegida en régimen de propiedad, que “solo resuelve la situación de una familia”.
“Al final con la vivienda en alquiler social hay una rotación de estas viviendas y cada vivienda en alquiler puede afectar a tres, cuatro o cinco familias, pero las viviendas en propiedad solo afectan a una, que es la que la compra”, señala el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa.
Durante la presentación del informe monográfico del IEE, “La colaboración público-privada y el reto de la vivienda”, Fernández pidió al Gobierno fomentar la construcción de la vivienda en alquiler social, que en el país representa solo el 2,5% del parque total de alquiler social frente al 9% de la medida de la Unión Europea.
En esta línea, reclamó movilizar el stock de vivienda ya existente a través de la colaboración público-privada entre vivienda en propiedad de pequeños propietarios y de grandes tenedores, como los fondos de inversión, entidades de gestión de activos, fondos de capital riesgo y fondos de titulización de activos.
Grandes tenedores
Con este modelo, se buscaría la cesión en arrendamiento por un plazo mínimo del orden de 25 años de las viviendas de titularidad de los grandes tenedores que se acogieran al programa, a las comunidades autónomas donde radiquen, para su subarriendo como vivienda asequible, a un precio inferior en una cuantía que podría ser menor en un mínimo de un 20% al que resulte del índice de referencia del precio de alquiler de vivienda al que se refiere la normativa correspondiente, o al autonómico que resulta de aplicación.
Así, los propietarios contarían con un contrato de alquiler con aval público (ICO o Tesoro Público) y el Estado podría, a su vez, movilizar decenas de miles de viviendas para familias vulnerables (incluido viviendas ocupadas) de forma inmediata y solo desembolsando un alquiler. “Se trata de contar con los fondos y no castigarlos”, ha defendido Fernández.
Otra de las apuestas del presidente del IEE pasa por poner más suelo público o privado para alquileres. En el caso del suelo público, Fernández ha defendido ponerlo en régimen de concesión para alquiler social, donde el sector privado construya y gestione el alquiler al precio que se marque, para que, al cabo de “25 o 30 años de concesión”, estas viviendas en alquiler reviertan al sector privado.
Por su parte, en el caso del suelo público, mostró su apoyo a que sea el sector privado el que aporte suelo para viviendas asequibles y que el sector público establezca los incentivos, ya sea a través de precios garantías o avales para establecer alquileres asequibles.
“España debe apostar en el mercado de viviendas en alquileres asequibles. En los últimos años, las medidas han sido desincentivar por parte del sector privado esta apuesta. Pero hay que ir en dirección contraria”, recalcó.
