El Consejo de Ministros aprobó ayer un techo de gasto para 2022 de 196.142 millones de euros, ligeramente por encima del inicialmente aprobado para 2021 (196.097 millones), lo que supone un nuevo “máximo histórico” en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos, con una previsión de déficit público del 5% del PIB, igual que se comunicó a Bruselas en abril y 3,4 puntos menos de lo que se espera un 2021.
Al igual el año pasado, el Gobierno solicitó al Congreso que “vuelva a apreciar que existe una pandemia” y, por lo tanto, se dan las condiciones para activar el artículo de la ley de estabilidad que permite no fijar objetivos, sino simplemente una referencia. Aunque no cambia la referencia de déficit global, sí lo hace el reparto de déficit por subsectores, que en el caso de la administración central asciende al 3,9% del PIB (cuatro décimas más de lo estimado en abril) para asumir un mayor impacto de la pandemia.
En cambio, el déficit previsto para la Seguridad Social baja al 0,5 %, tres décimas menos, ya que el Estado avanzará en la asunción de “gastos impropios” de este subsector con el objetivo de garantizar la sostenibilidiad del sistema de pensiones y que estas se puedan actualizar confirme al IPC. Montero detalló que esta transferencia a la Seguridad Social ascenderá a 18.396 millones de euros, un 32% más que el ejercicio anterior, como parte del “compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social”, cifrados en unos 22.000 millones de euros, a lo largo de la legislatura.
Comunidades y ayuntamientos
La referencia de déficit para las comunidades autónomas se mantiene en el 0,6% y la de las corporaciones locales, en equilibrio presupuestario, algo que se abordará hoy en la Conferencia de Política Fiscal (CPFF) y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL). A pesar de que no hay objetivos vinculantes, eso “no implica que no exista una responsabilidad” y una apuesta por la consolidación fiscal y presupuestaria, ha aclarado la titular de Hacienda.
La ministra señaló que el aumento del techo de gasto es compatible con la reducción del déficit gracias a la previsión de crecimiento económico, que elevará un 4,6% los ingresos tributarios totales, y a que los fondos europeos son “neutros” para el presupuesto, ya que computan en términos de contabilidad nacional, con independencia del calendario de pagos -España recibirá 18.000 millones en 2022, frente a los 19.000 de este año-. El techo de gasto una vez descontados los fondos europeos es de 169.787 millones, un 0,7% más.
El techo de gasto de 2022 incorpora 25.622 millones para el Plan de Recuperación, un 2,5 % más, y 733 millones de React-EU, frente a los 2.436 millones de 2021 (ya que el Estado solo computa la parte destinada a Sanidad, más elevada para hacer frente a la pandemia).
España posibilitará crear una empresa con un euro de capital
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que entre otras novedades permite la creación de empresas con un capital social de un euro, limita las subvenciones a las sociedades que paguen en plazo y crea un observatorio de morosidad.
Asimismo, contempla ampliar las actividades para las que no es necesario obtener una licencia, y promueve la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos, lo que contribuirá a profundizar en la digitalización de la actividad empresarial.
La vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que se trata de una de las reformas estructurales “más importantes” del Plan de Recuperación y Resiliencia, y tiene como objeto “mejorar el rendimiento y la productividad de las empresas, así como la creación de empleo”.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital explican que el proyecto, que previsiblemente llegará al Congreso de los Diputados a finales de este año y estará en marcha en 2022, pretende facilitar la actividad empresarial, hacer más fácil el nacimiento de empresas y su vida y desarrollo. Este esfuerzo legislativo se completará en breve con el anteproyecto de reforma de la legislación concursal, y su objetivo es reforzar las bases para la recuperación económica, que ya es una realidad. Se trata, prosiguen las mismas fuentes, de crear las condiciones para que se creen más empresas y esas empresas puedan invertir y crear empleo con menos trabas.
