El Gobierno declara Crecente zona afectada por incendios

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes, 1 de octubre, la declaración de 176 territorios de catorce comunidades autónomas, entre ellas la de Galicia, como ‘zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil de todo tipo’. Declaración que permite a los damnificados, reclamar las ayudas previstas por Ley, del Sistema Nacional de Protección Civil. Las 176 emergencias incluidas en esta declaración de daños, se produjeron entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre pasados y afectaron a distintas zonas y comarcas de las comunidades autónomas, entre ellas Galicia y en particular la comarca de A Paradanta, donde el municipio de Crecente sufrió un importante incendio forestal que afectó gravemente a la parroquia de Filgueira y que fue catalogado como el ‘mayor fuego del año en Galicia’, que a su paso arrasó 300 hectáreas y obligó al desalojo de 25 vecinos.“Los concellos necesitamos más colaboración”, explicaba ayer a este periódico el alcalde de Crecentre, Julio García-Luengo. “El peor incendio que tuvimos en Crecente nos dejó infraestructuras muy dañadas y necesitamos ayuda”, señalaba. Hoy, García-Luengo tiene cita en la subdelegación de Gobierno en Pontevedra “para que los técnicos municipales puedan despejar las dudas que tenemos y para ver como presentamos la solicitud porque no lo tenemos aún muy claro", comentaba. Y es más, “como la declaración solo cubre el 50% , nosotros tenemos que buscar el otro 50% y pediremos ayuda a Xunta y Diputación, pero antes de nada, prefiero analizar todo bien”, concretaba.

El real decreto aprobado ayer por el Gobierno, incluye otro incendio que afectó a una empresa de productos hortícolas en Tomiño y que obligó a activar un protocolo de emergencia por riesgo químico. Y las ayudas previstas para este tipo de situaciones, son competencia del Ministerio de Interior con distintas cantidades económicas para, entre otras, a las corporaciones locales (entre el 50 y el100%); obras ejecutadas de emergencia para reparar daños en infraestructuras públicas. Y a titulares de establecimientos industriales, incluidos los agrarios y turísticos, hasta 9.224 euros.