El sector pesquero arrastra años de desencuentros con la Unión Europea por la legislación impulsada desde Bruselas. Más allá de los intereses patronales, el informe presentado en Vigo por el Consejo Económico y Social (CES) constata que la flota que realiza sus capturas en los caladeros de aguas comunitarias se está reduciendo de forma importante.
Desde el ingreso de España en la entonces conocida como Comunidad Económica Europea se registró un retroceso desde los 20.000 buques contabilizados a finales de los años ochenta en todo el país a los actuales 8.657, una caída de casi el 60% que según el CES, refleja “el esfuerzo de reconversión del sector y de reducción de la flota que ya se llevó a cabo antes de la última reforma de la Política Pesquera Común (PPC)”, que se llevó a cabo en 2013.
El documento recoge a su vez datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Eurostat que muestran también una acusada caída en la flota pesquera española desde esta fecha, así como una importante pérdida en todo el ámbito comunitario. Entre 2013 y 2022 la caída acumulada en la flota pesquera española fue del 12,3% según datos del Ministerio, si bien mucho más acusada en aguas no nacionales, respecto al número de barcos que faenan tanto en caladeros europeos (caída del 27,2%), como en aguas internacionales (caída del 16,3%). El arqueo por su parte retrocedió un 14,1% en el periodo considerado. Como consecuencia, también se redujeron las capturas y desembarcos (un 21% en términos de peso vivo, y un 18% en términos de valor).
El informe también recoge que el número de establecimientos de acuicultura sufrió en los años más recientes, entre 2019 y 2021, una caída del 1,5%, hasta los 5.182, si bien la producción muestra una trayectoria alcista desde 2013. Del mismo modo, el número de empresas de la industria transformadora de los productos de la pesca y la acuicultura se redujo un 14% desde 2012, aunque aumenta su producción de manera significativa: 36% en cantidad y un 55% en valor.
En sus conclusiones, el CES asegura que las restricciones a las opciones de pesca derivadas de la extensión de las zonas económicas exclusivas y las medidas de regulación pesquera y de la acuicultura en el ámbito de la Unión Europea “han reducido las capacidades de pesca de las flotas comunitarias y la producción de la acuicultura, siendo insuficiente la producción para abastecer el mercado nacional”.
Por otra parte, apunta que determinados países extracomunitarios basan sus estrategias comerciales en menores costes fijos y, por tanto, productos más baratos, asociados a bajas condiciones socioeconómicas y medioambientales en comparación con los estándares comunitarios. De esta forma, considera que “las normativas y políticas que están obligados a cumplir los operadores de la Unión Europea les sitúan en inferioridad de condiciones respecto a dichos países, produciéndose una competencia desleal”.
La reforma de la Política Pesquera Común, encima de la mesa
La reforma de la Política Pesquera Común fue una petición constante del sector a la Unión Europea durante los últimos años al cumplirse más de una década desde su última actualización. Un proceso que Bruselas ya prepara para acometerlo en el siguiente mandato tras las elecciones europeas del próximo mes de junio.
Así lo anunció el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, que avanzó que para dejar la mejor situación a su sucesor en el cargo pidió a su equipo que lleven a cabo una "evaluación completa" del Reglamento de la Política Común de Pesca, para dotar al siguiente comisario encargado del área de Pesca de una “base sólida para tomar las decisiones mejor informadas para el futuro del sector de la pesca y la acuicultura”.
La reforma de la PPC también fue una de las peticiones trasladada por el Gobierno a la Unión Europea en múltiples ocasiones. El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, abogó en el consejo informal de ministros celebrado hace unas semanas en Brujas por un mayor equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, social y económica. También instó a llevar a cabo una reflexión sobre cómo mejorar esa evaluación del pilar socioeconómico de la política pesquera de cara a la fijación de los próximos Totales Admisible de Capturas (TAC) y cuotas para 2025.
