Ayuso lleva al Constitucional el impuesto a grandes fortunas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó ayer el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno por considerar que invade las competencias autonómicas en política fiscal de la región.

Díaz Ayuso continúa su batalla en los tribunales contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con un recurso de inconstitucionalidad contra este tributo, ya en vigor, que va “contra el ahorro y la inversión”, y está diseñado contra Madrid y Andalucía, donde está bonificado el impuesto de patrimonio, señaló en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.

La Comunidad de Madrid estima que este impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas de más de tres millones de euros provocará unas pérdidas a las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que, según Ossorio, frenará las inversiones extranjeras en la región.

Por ello, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha una deducción fiscal del 20% para las inversiones extranjeras en la región con el objetivo de contrarrestar este tributo.

El Ejecutivo de Ayuso argumenta su recurso en que el Gobierno impone una cuota nacional para todas las comunidades autónomas, que tienen las competencias en política fiscal, según el artículo 156 de la Constitución.

Además, explicó Ossorio, la tramitación de este impuesto se llevó a cabo en un proyecto de ley “que no tenía nada que ver con este tributo”, sin pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes.

Otro de los aspectos que denuncia el Ejecutivo madrileño es “la inseguridad jurídica” del nuevo impuesto, por sus efectos retroactivos para todo 2022 pese a su entrada en vigor a finales de diciembre, lo que conlleva “una carga fiscal” para los contribuyentes que no contaban con ello.

Pese a que son “contundentes” los argumentos contra este impuesto, Ossorio señaló que es “difícil” que el Tribunal Constitucional atienda a la suspensión cautelar del nuevo tributo.

Ante esta decisión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la plena constitucionalidad del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, un gravamen que además “garantiza la seguridad jurídica de los contribuyentes”.

El impuesto no supone “una doble imposición”, ya que la cuota a pagar de este impuesto se podrá deducir en el Impuesto sobre el Patrimonio, detalló Montero, al tiempo que lamentó que la Comunidad de Madrid continúe “con su política de defender solo a una minoría privilegiada”.