Los agricultores retoman las protestas y el corte de viales

Las organizaciones agrícolas convocantes de la jornada de protestas de ayer en ocho puntos de la frontera entre España y Francia, integrados en la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), consensuaron sus exigencias en un manifiesto dirigido al Gobierno y a la Comisión Europea. Ayer sobre las 12 horas del mediodía interrumpieron el tráfico en Catalunya en Bossòst, La Seu d`Urgell (Lleida), Puigcerdà, Coll d`Ares y La Jonquera (Girona), que se sumaron a los cortes en los pasos fronterizos de Irún (Guipúzcoa), Somport y Portalet (Huesca).

Los agricultores reclamaron al Gobierno que impulse “negociaciones integrales” con el sector sobre toda la legislación que le afecte: volvieron a insistir en la necesidad de eliminar los impuestos relativos al consumo energético, renovar las cámaras agrarias, mejorar las pólizas y mejorar la financiación con la que cuenta el sector. También hicieron referencia a algunas de las reivindicaciones históricas de los productores, como promocionar su acceso al mercado -con políticas que reduzcan las barreras comerciales-, la promoción del relevo generacional, el impulso de la innovación y la mejora de infraestructuras.

Los agricultores exigieron la “adaptación consensuada” del Plan Hidrológico Nacional a la situación de sequía, con la elaboración de un nuevo documento: en esta línea, reclamaron la renovación de las instalaciones, la realización de obras de emergencia y garantizar el sistema de regadío. Los agricultores volvieron a exigir a las autoridades europeas, a las puertas de los comicios de esta semana, “garantizar una competencia justa y equitativa en el mercado” europeo mediante aranceles e impuestos a las importaciones, así como imponer criterios de huella de carbono.

También reclamaron que los productos de terceros países estén sometidos a “regulaciones más estrictas” en materia de seguridad alimentaria y estándares de calidad, e impulsar el etiquetado claro de los europeos y campañas para promocionarlos. En esta línea, los agricultores se mostraron partidarios de la derogación de acuerdos extracomunitarios, entre los que enumeraron Mercosur “y todos aquellos acuerdos que perjudiquen al mercado agrícola y ganadero español” con -textualmente- competencia desleal.

Y volvieron a insistir en que la Política Agraria Común (PAC) debe estar “centrada en el agricultor” para que los fondos no vayan a multinacionales o a latifundistas, y en el perjuicio que les suponen algunos trámites burocráticos. Los agricultores exigieron la “prohibición del acaparamiento de tierras por parte de los fondos de inversión”, adaptar la normativa a la realidad de montaña y modificar la legislación de bienestar animal para -textualmente- proteger su trato ético sin perjudicar a la viabilidad del sector. En cuanto a la producción, propusieron eliminar la figura del veterinario de explotación y permitir el uso de fertilizantes orgánicos “de acuerdo con las necesidades de los cultivos”