La Audiencia Nacional condenó en octubre de 2015 a penas de dos años de cárcel a los cinco exdirectivos por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal. Al abogado Ricardo Pradas, que según la sentencia asesoró a los exdirectivos en la operación para adjudicarse indemnizaciones por valor de 18,9 millones de euros, se le condenaba por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal condenaba además, a los cinco excargos de la caja gallega, a una multa de 75.000 euros y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados. Según la Sala “estamos ante una entidad que valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, cantidad que en el fondo abonó íntegramente el FROB".
