Economía

Las acusaciones del Popular apuran plazos para agruparse

Emilio Saracho, durante una de las juntas del Popular.
photo_camera Emilio Saracho, durante una de las juntas del Popular.

La Audiencia Nacional pretende simplificar así el desarrollo del procedimiento contra el banco

 El centenar de acusaciones particulares personado en la causa que investiga la gestión de las antiguas cúpulas del Banco Popular apura el plazo habilitado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para agruparse, y simplificar así el desarrollo del procedimiento.
Según informaron fuentes jurídicas, el juzgado central de Instrucción número 4 ya ha recibido las primeras alegaciones a la propuesta del magistrado, partidario de reducir el número de acusaciones de las actuales 103 a diez, al máximo, como se lo trasladó el pasado jueves.

Con su decisión, el juez buscaba "no dilatar más un procedimiento en el que participa un alto número de presuntos perjudicados", en su mayoría accionistas, cuya inversión en el Popular se redujo a cero con motivo de la resolución y posterior venta del banco al Santander el 7 de junio de 2017.

Instrucción ingobernable


"Resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable, por lo que agrupar las representaciones y defensas evitará que se lesionen derechos y la tutela judicial", apuntaba Calama, que daba a todas ellas cinco días de plazo.
El artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) prevé que, en los casos en los que "exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia representación". Sin embargo, "cuando pueda verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el juez o tribunal, en resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones".
Aunque de momento son contados, entre los escritos que obran en poder de la Audiencia Nacional se encuentra el del abogado Felipe Izquierdo, que además de ser "el primer querellante y el primer abogado", es afectado directo. El letrado, que interpuso "la primera demanda civil contra el Popular" y obtuvo "la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, además favorable", remite a su trayectoria penal en temas económicos como Abengoa y Pescanova.
No obstante, muestra su "total conformidad" a agruparse con la representación encabezada hasta la fecha por Ester Fonfría, por ser semejante en cuanto a "conocimiento, objetivos y experiencia en casos semejantes", motivos por los que "debe liderar a los afectados minoristas".n
 

Te puede interesar