El palangre guardés, en pie de guerra por las cotas del marrajo

Un nuevo y repentino cambio de criterio de la administración supuso la gota que colma el vaso de un grupo de armadores de A Guarda que llevan meses sufriendo la “deriva” del Gobierno español con respecto a la pesca del marrajo. La última decisión les obliga a destruir “como si fuera droga” varias toneladas de esta especie capturadas de forma totalmente legal y que hasta hace unos días, podían comercializar sin problemas.

Estos palangreros, que se organizan bajo la entidad Orpagu (Organización de Palangreros de A Guarda), aluden a la “descoordinación que reina en Madrid tras la entrada del marrajo en el apéndice II de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)". Desde ese momento, la administración fijó un criterio acerca de cómo se debían certificar para su posterior comercialización, para lo que estableció unos cupos comerciales globales por zonas de pesca, de tal forma que las capturas por encima del tope no podrían ser vendidas.

En zonas como el Atlántico Sur o el Pacífico, el cupo se repartió equitativamente entre todos los buques que operan en esa zona con el objetivo de optimizar el cupo comercial y mejorar la regulación para esta especie, según explica Orpagu en un comunicado, “dada la descoordinación detectada en la administración española”.

Sin embargo, la pasada semana un cambio de criterio sorprendió a los palangreros. La administración decidió empezar a certificar únicamente las capturas de marrajo realizadas en aguas internacionales, dejando en un limbo todas las realizadas en aguas de terceros países, alegando que deben ser estos quienes certifiquen las capturas. Orpagu explica que “no tienen conocimiento ni competencia para hacerlo, y que en caso de que lo hiciesen, España seguiría rechazando esas partidas de marrajo”.

“Es intolerable que nos obliguen a destruirlo”

A causa del cambio de criterio criticado por Orpagu, varias toneladas de marrajo fueron retenidas a su llegada al Puerto de Vigo para su posterior destrucción. Al mismo tiempo, en altamar, los buques se ven obligados a tirar por la borda esas capturas por culpa del desconocimiento y la falta de comunicación con la administración. Y las reacciones del sector son contundentes.

Juana Parada, gerente de Orpagu, señala que “estamos hartos del acoso y derribo que está sufriendo esta flota, pero sobre todo estamos hartos de la falta de respeto con la que la administración está tratando a un sector que ha mostrado su responsabilidad”. Los armadores guardeses, como Miguel González Pérez, también expresan su descontento: “Es intolerable quenos obliguen a destruir un pescado legal y que se encuentra en perfectas condiciones como si fuese droga, obviando el hambre que hay en el mundo”.