Sin duda, el Partido Popular, preso de los continuos e inquietantes episodios de este interminable serial en que se ha convertido la corrupción, ha variado radicalmente su discurso y, donde antes exhibiera una abierta disposición a que se investigase su financiación por una comisión parlamentaria, hoy rectifica y, manejando el discurso-argumentario de la causa general inquisitorial, lucha como gato panza arriba, poniendo todo tipo de pegas y objeciones, fundamentalmente sobre los años a investigar y las personas que deben testificar.
Es como si de pronto, de la noche a la mañana, todos los gerifaltes del partido hubiesen entrado en un proceso de pánico, posiblemente acuciados, entre otras cosas, por el aumento alarmante de la preocupación por la corrupción en la percepción de los ciudadanos, que, según el último sondeo del CIS, ha aumentado en doce puntos. Un dato que no solo es nefasto "per se", sino que devalúa notablemente el efecto del éxito económico que Rajoy trata de vender como lo único importante frente a los "chismes a los que estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos".
Así las cosas, la pretensión del Partido Popular, expuesta por quién va a ser portavoz de la comisión de investigación en el Congreso, Martínez Maillo, es que el periodo a investigar se resuma a la presente legislatura y que las personas que declaren como testigos sean obligatoriamente cargos en ejercicio al día de hoy.
La tesis no puede ser más extravagante. Según Maillo, las comisiones se extinguen cuando acaban las legislaturas, así que la investigación solo debería abarcar lo acontecido a partir del año 2015. O sea, algo parecido a la vieja teoría defendida desde siempre por el PP de que los electores absuelven con sus votos los antiguos pecados. Esto impediría que la comisión investigase, por ejemplo, el periodo de la Gürtel, protagonizado por Bárcenas, o la mismísima Púnica de Granados. No está mal.
Y siguiendo la teoría de los testigos a llamar, sería también imposible citar a quienes fueran tesoreros del Partido Popular, Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís o Álvaro Lapuerta. Tampoco se podría, como pretende el PP, citar a Aznar, Álvarez Cascos o Ángel Acebes.
¡Menuda investigación iba a resultar!
La decisión del PSOE, Podemos y Ciudadanos, de convocar a los ex tesoreros y de no poner cotas al periodo a investigar, ha provocado una agria respuesta de Maillo que, amenaza no sólo con convocar a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Susana Díaz, sino con recurrir la comisión ante los tribunales; o sea, dejarla sin contenido o anularla. Lo que viene a ser lo mismo.
Parece evidente que lo que en un principio resultaba aceptable, e incluso llegó a consensuarse a cambio del apoyo de investidura de Rajoy, ahora es inaceptable.
Se viven tiempos procelosos para un Partido Popular y, sobre todo, para su presidente, Rajoy, abocado a dar lo que menos le gusta: muchas, demasiadas, explicaciones en vivo y en directo.
