Hace tan solo unas horas y coincidiendo prácticamente con una cuestionable visita a Cataluña del líder socialista, Pedro Sánchez que ha aprovechado el rebufo de la Diada para ofrecer a los catalanes prerrogativas que sabe son irrealizables, el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley de ruptura aprobada unas jornadas antes en el Parlamento de Cataluña definiendo perfectamente y sin interpretaciones posibles el marco jurídico en el que la convocatoria de referéndum va a celebrarse. Ahora, todos los implicados en este disparate saben sin posibilidad de equivocarse cuál será su suerte si colaboran en una acción ilícita que el alto tribunal ha invalidado. Ahora todo el mundo está advertido. Los políticos que conforman la mayoría gobernante en Cataluña desde luego y la plana mayor del Parlamento que ha contribuido a aprobarla, pero también los cargos a dedo que tienen responsabilidades en el organigrama de la institución y que ya saben que si colaboran en la puesta en escena de la votación están delinquiendo. Y por tanto, todos aquellos funcionarios que lo secunden. Y naturalmente, los alcaldes que se plieguen al chantaje independentista y cedan locales de su competencia para instalar colegios electorales y que huelga decir son patrimonio de todos los vecinos del municipio sean o no sean independentistas porque son sus impuestos los que pagan su mantenimiento. Y qué decir de los agentes de la policía autonómica, a los que les va inherente al cargo su condición de garantes del cumplimiento de la ley. Y por tanto de los dictados de los tribunales de Justicia. No conviene olvidar que Lluis Companys fue a dar con sus huesos en la cárcel por sedición y fue el Gobierno legítimo y constitucional de la II República quien condenó a prisión a él y a sus colaboradores.
No olvidemos las empresas colaboradoras como esas imprentas cuyos trasiegos registra la Guardia Civil y en las que se sospecha se han editado las papeletas fraudulentas que puede usarse en este caótico escenario aunque se ignora con arreglo a qué censo de votantes. Y los fabricantes de unas urnas si es que existen. En realidad, es el dictamen sin controversia alguna manifestado por el Constitucional que define y determina las reglas del juego. El que esté dispuesto a vulnerarlas se juega la posibilidad de enfrentarse a una severa condena. E incluso acabar en la cárcel. Y mientras tanto, Carmena se pone de perfil ante un acto electoral solicitado en Madrid y Pedro Sánchez alborota, confunde y agita la calle. Sánchez es lo que es, pero Carmena procede del estamento judicial. Quien lo diría.
