La llamada “Operación Lezo”, que se ha puesto en marcha para combatir la corrupción a gran escala relacionada con la gestión en la empresa municipal de abastecimiento de aguas de Madrid quien conserva el nombre con el que se bautizó en su fundación -es decir el Canal de Isabel II en homenaje a la entonces soberana- se centra especialmente en quien fue su presidente y más tarde presidente de la Comunidad, Ignacio González, y su entorno más íntimo. Se investiga un amplio abanico de actuaciones que parecen expresamente desarrolladas para el incremento del patrimonio personal de González y su colaboradores, se conoce el nombre de empresas y empresarios que han ejercido de corruptores aportando sumas cuantiosas de dinero a cambio de concesiones, y se sospecha que estas primeras diligencias no son otra cosa que la punta de un iceberg infectado de redes de blanqueo, malversación continuada y blanqueo de dinero, compra y desarrollo de empresas piratas, evasión de divisas a paraísos fiscales, además de coacciones, amenazas, compadreos y un largo y casi infinito rosario delictivo que compromete al PP madrileño y señala sin compasión a una de sus figuras fundamentales, Esperanza Aguirre, que permitió esta situación y encumbro a los directos implicados en el procedimiento hasta convertirlos en sus más directos y poderosos colaboradores. Instruye el juez Velasco y la denuncia partió de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, quien, nada más tomar posesión de su cargo advirtió abundantes irregularidades en la contabilidad de la empresa y las puso inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía.
Pero con independencia del desarrollo de este largo y complicado procedimiento que implica la intervención a fondo de un buen número de funcionarios públicos entre policías, letrados, jueces y fiscales y que se resolverá cuando haya de resolverse, el eterno dilema ha vuelto a ser planteado. El instructor ha decretado el secreto de sumario cuando la realidad es que desde el minuto uno del episodio los medios de comunicación lo tienen aunque sea fragmentado. Como periodista me apunto pero como ciudadano me parece un desastre. La investigación sale a la luz incompleta y el sumario se inicia desde la cuna viciado. Es malo para la sistema y es malo para la calidad de nuestra democracia. El juez Velasco debería tenerlo en cuenta.
