A día de hoy, más de 12.000 vigueses tendrían capacidad para acceder a una vivienda exclusivamente si es de protección oficial (VPO), a tenor su ratio de ingresos. Pero las opciones de conseguir una VPO son mínimas ante la falta de desarrollo de pisos más allá de la nueva fase de Navia, donde se levantarán 1.500 en un plazo estimado de cuatro a cinco años. Una situación que podría resolverse utilizando en todo o en parte activos de la Sareb (el banco malo que se quedó con fincas y edificios de entidades financieras que gestiona a través de la sociedad Aliseda) como un plan de choque.
En Vigo, la Sareb se ha convertido en el gran tenedor de suelo. Cuenta con 67 viviendas y 19 unidades más como anexos. Pero además dispone de 181 parcelas edificables como suelo residencial y otras 40 de terciario, terrenos para complejos de servicios o comerciales e industriales. En toda la provincia de Pontevedra son 403 las viviendas, 384 unidades de anexos, otras 80 unidades de obras en curso y 1.629 suelos. Entre los terrenos de su propiedad, herencia de las cajas de ahorro, se encuentran algunos de los desarrollos más famosos de Vigo: la finca de plaza de España (aparece en el PGOM, más fácil de urbanizar ahora), Alfageme (vinculada a un ámbito en Tomás Alonso) o la Seara, una de las “islas” dentro de la ciudad. No es poco y de hecho la mayor parte del suelo de la Sareb en Galicia está repartido entre Vigo, Sanxenxo, A Coruña y Ourense.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tiene, según sus propios datos en Galicia con 1.912 viviendas ya erigidas. A los que hay que sumar a mayores 537 obras en curso, y aproximadamente 2.644 suelos de diversa tipología.
El presidente de la asociación viguesa inmobiliaria y la correspondiente federación gallega, Benito Iglesias, considera que la Sareb forma parte de la solución para desarrollar VPO con rapidez y resolver el problema mediante la transmisión gratuita de ese patrimonio de suelo y vivienda a otras entidades públicas, en este caso la Comunidad Autónoma de Galicia, para su transformación en parque público de alquiler social. “Sería el mejor y más rápido plan de choque que aumentaría la oferta y contribuirá positivamente a relajar los precios actuales. La Xunta debería solicitar de inmediato al Gobierno la transmisión a coste cero de todos los activos de la Sareb en Galicia, incluidas las 1.912 viviendas”, mantiene.
En Galicia únicamente pueden, por su ratio de ingresos, vivir en una vivienda de protección oficial en régimen especial o general (en alquiler o propiedad) el 7,72 por ciento de las personas residentes, lo que equivale a 205.966 personas. En la provincia de A Coruña sería el 7,69%, con 85.599 vecinos, y un porcentaje mucho mayor en la provincia de Pontevedra, que sería la más afectada al superar el nueve por ciento y 85.014 personas, de las que el 15 por ciento serían vecinos de Vigo. En el resto de Galicia, se encontrarían en dicha situación menos personas en número absoluto y también en proporción: en la provincia de Lugo, el 6,60%, con 21.088, y en Ourense alcanzaría el 4,78% de la población, con 14.265 personas.
