El Defensor del Pueblo detectó un aumento en la gravedad de los conflictos escolares y advirtió de que estos casos de “extrema gravedad”, tanto por la conducta como por la corta edad de las víctimas y los presuntos agresores, motivaron la tramitación de oficio de diversas actuaciones en el último año. Así lo reflejó la institución que dirige Ángel Gabilondo en su Informe Anual 2023, presentado ayer en el Congreso, que, sin embargo, señaló que no observó respecto del pasado año un aumento significativo en el número de quejas que evidencian conflictos escolares, aunque sí un aumento en la gravedad de estas conductas.
Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales con autores menores incoadas aquel año ascendieron a 974, lo que supone un ascenso del 45,8% respecto del ejercicio anterior, y un incremento del 116% en los últimos cinco años, siendo el porcentaje más alto el de las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años.
A ello se suma una nueva forma de violencia de género, la vinculada a las nuevas tecnologías (violencia de género digital o ciberviolencia de género). En relación con esta tipología penal, la Fiscalía señaló que, aún teniendo menos incidencia entre los menores de edad, “resulta preocupante que a tempranas edades ya se exterioricen ciertos comportamientos despreciativos hacia la mujer, lo que vuelve a evidenciar déficits educacionales”.
Entorno protector
El Defensor del Pueblo defiende que el centro escolar, como entorno de socialización central en la vida de los niños y adolescentes, “debe conformarse como un entorno protector que permita la participación, garantice el respeto y la igualdad, fomente la comunicación y la resolución pacífica de conflictos”. Esta protección, a su juicio, debe reforzarse de manera especial en aquellos menores que, por cualquier circunstancia, se encuentran en contextos de riesgo de vulnerabilidad. No obstante, el informe detectó que hay una “importante limitación educativa” para detener el acoso escolar desde sus inicios, “probablemente relacionada con la dificultad para detectarlo o con la insuficiencia de recursos y habilidades para intervenir”.
“Un entorno escolar seguro, física y psicológicamente, exige adoptar protocolos preventivos, pues cuando se produce la violencia escolar, incluido el acoso, se habrá llegado tarde”, apuntó el Defensor del Pueblo, que insiste en la necesidad de revisar la efectividad de las acciones preventivas desde una perspectiva proactiva y de género para “lograr desterrar en todos los niveles educativos las conductas de ruptura de la convivencia, especialmente las más violentas”.
Para ello, apuesta por la formación del alumnado en competencias digitales para una adecuada utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la adopción de medidas que “conciencien a todo el alumnado en la evitación de estas conductas y favorezcan un clima de respeto”. Para el Defensor del Pueblo, el papel del profesorado también “es elemental para conseguir un clima de compañerismo y ambiente positivo en el aula”.
