Manuel Fernández de Sousa se enfrenta a 31 años de cárcel, su hijo a 13,6, su mujer a 6 y Alfonso Paz Andrade a 12,6
nnn El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa y otras 18 personas por maquillar presuntamente los estados financieros entre los años 2009 y 2012 para ocultar las pérdidas millonarias de la pesquera, lo que llevó a que tuviera que acogerse a concurso de acreedores. Fernández de Sousa se enfrenta a 31 años de cárcel y multa de 21,7 millones, su hijo Pablo Fernández Andrade a 13,6, su mujer Rosario Andrade Detrell a 6 y el que fuera consejero delegado Alfonso Paz Andrade a 12,6. Junto a ellos otros 15 directivos y la petición total de penas se eleva a 174 años de prisión.
Los abogados que llevan la causa estiman que el juicio tardará dos años, hasta 2020. Explican que ahora deberán presentarse los escritos de la defensa, luego los recursos, a continuación habrá que elevarlo todo a la sala, lo que llevará unos seis o siete meses. Pero a ello habrá que sumar que los seis primeros meses del próximo año la sala que puede acoger un juicio de estas dimensiones en Madrid está ocupada con el juicio de Bankia. Señalan que también podría sumarse alguno más de la Gurtel.
Uno de los abogados que representa a una plataforma con más de 200 afectados por Pescanova, Joaquín Yvancos, precisó que solo se reclaman 161 millones de euros, un 15%, porque los grandes inversores y la banca ya han cobrado por compensación de pérdidas.
El juez culmina de esta forma la investigación que inició en el año 2013 y sienta en el banquillo de los procesados a 19 exresponsables y 12 sociedades por delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.
Para la empresa matriz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible mientras que a BDO Auditores se le fija 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.
responsables civiles
Se declara como responsables civiles subsidiarios Pescanova, BDO (socio auditor independiente del grupo) y Buena Pesca, y como responsable civil directo a Mapfre seguros. Además impone a los acusados que respondan de manera conjunta y solidariamente con 280 millones de euros en concepto de fianza.
Según el relato de hechos que hace el juez, las cuentas anuales de la pesquera en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo. Por ejercicios, en el año 2010 el grupo declaró un resultado de 15.448.000 euros cuando en realidad el importe real era de -222.910.000 euros, mientras que un año después, se declararon unos beneficios superiores a los 16 millones de euros aunque las pérdidas rondaban los 300.000 euros.
"La situación motivó que Pescanova, en lugar de presentar la situación real, se decidió alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales, ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", reza el auto de 150 páginas.
En lo que respecta a la operativa de ampliación de capital de la vieja Pescanova, el magistrado expone que el consejo de administración de la pesquera aprobó la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros "utilizando una vez más para convencer a futuros inversores la información financiera de contenido falso que venían tiempo haciendo pública".
Un año después, la multinacional suspendió la cotización en Bolsa, tras detectarse irregularidades en su contabilidad. Ése fue el punto de inicio de un largo proceso, que ha incluido un concurso de acreedores, y que ha desembocado en la refundación de la empresa, ahora en manos de la banca como Nueva Pescanova, separada y enfrentada judicialmente con la vieja Pescanova (convertida en una mera sociedad de cartera).
Pescanova recurrirá el auto y el auditor la fianza impuesta
Pescanova ha anunciado que presentará un recurso contra el auto ya que en caso de ser condenada podría verse afectada por una situación de "insolvencia temporal".
En un comunicado, la compañía explicó que dicho auto recoge una fianza a la entidad por importe de 348,2 millones de euros, con el fin de responder a las multas que se han solicitado a la empresa por parte de la acusación y también a fianzas por valor de 602,9 millones de euros.
La firma señaló que este recurso se explica porque en caso de una eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes "podría provocar una situación de insolvencia temporal" de la compañía, lo que, en su opinión, podría ocasionar un "gravísimo e injustificado" perjuicio sobre sus 9.000 accionistas, "quienes perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital" de la sociedad.
Asimismo, la empresa señaló que sus asesores legales piensan que la potencial sanción económica y la responsabilidad civil resultante de dicha hipotética sentencia condenatoria definitiva que afectase a Pescanova "estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal en el que estuvo incurso" la empresa, con las quitas correspondientes y estarían sometidos a los acuerdos de fusión y segregación aprobados por la junta general en septiembre de 2016.
Además, Pescanova destacó que, en dichos acuerdos de fusión y segregación, también quedó previsto que Nueva Pescanova "se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria".
Por otro lado, la compañía auditora BDO anuncia que recurrirá la fianza que le ha impuesto el juez, por 45,7 millones.
