Criando malvas

En la avenida de Xoán XXIII en Compostela, justo al lado de la biblioteca Ánxel Casal, hay una parcela que el Plan Xeral de Ordenación Urbana del gobierno socialista de Xosé A. Sánchez Bugallo destinó para viviendas de protección social. Se trata de un lugar privilegiado, un espacio cercano al casco histórico, codiciable por la especulación y la ciudadanía con alto poder adquisitivo. Este terreno protegido, a la par de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, que velaba por el buen uso de la construcción y contra la especulación en la ciudad, fueron los dos primeros puntos que el PP de Conde Roa borró de los planos cuando alcanzó el poder municipal. 
Ocho años después, dos mandatos casi agotados, la parcela sigue criando malvas. Primero porque el convulso periodo del PP no consiguió edificar su proyecto de pisos de lujo en esa esquina. Y después porque el gobierno de Las Mareas no ha fraguado ninguna alternativa. Sin embargo, este pequeño solar puede tomarse como símbolo de las políticas en materia de vivienda de quienes nos gobiernan o aspiran a ello.
Un espacio tan pequeño e ignoto en el corazón de la capital de Galicia nos permite leer con claridad y anticipación el escándalo urbanístico y social propiciado por Ana Botella desde la alcaldía de Madrid. Nos dice que su venta de 1.860 viviendas sociales a los fondos buitre no fue producto de la casualidad, sino del concienzudo espíritu especulador, sumado a oscuros negocios, que en la materia supo implantar José María Aznar, propiciando en España una burbuja inmobiliaria sin precedentes, de cuyo fracaso aún estamos pagando las consecuencias, no sólo por la cantidad de familias de clase media arruinadas y los pequeños constructores en quiebra, sino también por la caída del empleo para toda una generación de jóvenes obreros, ahora sin bienestar ni cualificación, incapaces de emprender otros caminos distintos a los del ladrillo y el cemento.
Explosionada la burbuja, la actuación lucrativa de la señora Botella y sus palmeros entra dentro de la lógica, de ese sector radical y especulativo de la derecha, para quienes lo público les pertenece por ley natural. Al no creer, como Conde Roa, en el valor social de las Viviendas de Protección Oficial, qué mejor opción que enajenarlas y ponerlas en manos de usureros a precios de saldo, saltándose la legislación y condenando a los miles de ciudadanos, que las habitaban, al desahucio.
El fondo buitre Blackstone pagó por los edificios 128,5 millones de euros, cinco años después su valor supera los 600 millones. La exalcaldesa y siete de sus concejales han sido condenados a pagar unos 25 millones de sus bolsillos (dudo de que alguna vez los hagan efectivos) después de causarle al Ayuntamiento una rentabilidad negativa de más de treinta millones, sin contar los casi tres que la Empresa Municipal de Vivienda pagó de comisiones a los presuntos intermediarios de la operación.
Reconocido el fraude económico, da la impresión de que la deuda esté saldada. Borrón y cuenta nueva. Craso error, aceptar de buen grado esa alternativa es avalar las políticas que generan los pillajes urbanísticos. Y es dejar en el aire un doloroso fraude social, el que padecen los antiguos inquilinos perjudicados, castigados a criar malvas, como la parcela de Santiago.