La intención es buena. Hacer políticas para que los jóvenes puedan emanciparse de la casa de sus progenitores puede considerarse una política social razonable. Reconozcámoslo. Pero una cosa es la intención y otra muy diferente, las consecuencias. En ocasiones no cabe acogerse al dicho: “Si sabes que tu intención es buena, nada tienes que lamentar”. Falso. Sobre todo, cuando de fondos del contribuyente se trata. Una realidad que se puede constatar de nuevo si uno lee el informe realizado por ESADE Center for Economic Policy con fecha del pasado 26 de octubre. Basta con leer el resumen ejecutivo.
Todos sabemos lo crudo que lo tienen los jóvenes para desarrollar su vida de forma independiente. No se puede obviar esa realidad. Una de las medidas estrella de los presupuestos que el Parlamento acaba de aprobar, es que los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros anuales, recibirán mensualmente un bono de 250 euros para hacer frente al pago del arrendamiento de una vivienda. Los economistas que suscriben el citado informe dudan razonadamente que la medida adoptada por el Gobierno vaya a solucionar el perentorio problema del acceso a una vivienda alquiler en las principales ciudades de España. Apuntan tres deficiencias principales.
En primer lugar, que la medida suponga un desincentivo para la inversión en viviendas nuevas, o para la rehabilitación y mantenimiento de las existentes. Y como la ley de la oferta y la demanda está archi demostrada, a menor oferta de viviendas, más suben los precios. Estos efectos negativos ya se han demostrado claramente en San Francisco, Berlín o Paris.
En segundo lugar, que la medida, que suena tan bien, no llegue ni al 10 % de los jóvenes ya que se establece una dotación de 200 millones de euros para su distribución entre los 50.000 jóvenes potencialmente beneficiarios.
En tercer lugar, que el subsidio sea a la postre capturado íntegramente por los propietarios en su único beneficio, al incorporarlo al precio de alquiler. Esto ya ha pasado en Francia en un 78%, en el Reino Unido en un 66% o en Finlandia en un 57%. Es decir que, el propietario, que a priori no necesitaría la subvención, es el que se termina lucrando.
Todo ello sin contar el farragoso sistema de implementación, que pasa por monitorizar a los propietarios (quienes son grandes y quienes pequeños propietarios) y beneficiarios (establecer sus ingresos reales), la discreción de las autonomías para implementar la medida o no, y de su coordinación con otras medidas ya existentes.
Un nuevo despropósito con tintes electoralistas, y una nueva ley que nace del todo ineficaz.
Todos sabemos lo crudo que lo tienen los jóvenes para desarrollar su vida de forma independiente. No se puede obviar esa realidad. Una de las medidas estrella de los presupuestos que el Parlamento acaba de aprobar, es que los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros anuales, recibirán mensualmente un bono de 250 euros para hacer frente al pago del arrendamiento de una vivienda. Los economistas que suscriben el citado informe dudan razonadamente que la medida adoptada por el Gobierno vaya a solucionar el perentorio problema del acceso a una vivienda alquiler en las principales ciudades de España. Apuntan tres deficiencias principales.
En primer lugar, que la medida suponga un desincentivo para la inversión en viviendas nuevas, o para la rehabilitación y mantenimiento de las existentes. Y como la ley de la oferta y la demanda está archi demostrada, a menor oferta de viviendas, más suben los precios. Estos efectos negativos ya se han demostrado claramente en San Francisco, Berlín o Paris.
En segundo lugar, que la medida, que suena tan bien, no llegue ni al 10 % de los jóvenes ya que se establece una dotación de 200 millones de euros para su distribución entre los 50.000 jóvenes potencialmente beneficiarios.
En tercer lugar, que el subsidio sea a la postre capturado íntegramente por los propietarios en su único beneficio, al incorporarlo al precio de alquiler. Esto ya ha pasado en Francia en un 78%, en el Reino Unido en un 66% o en Finlandia en un 57%. Es decir que, el propietario, que a priori no necesitaría la subvención, es el que se termina lucrando.
Todo ello sin contar el farragoso sistema de implementación, que pasa por monitorizar a los propietarios (quienes son grandes y quienes pequeños propietarios) y beneficiarios (establecer sus ingresos reales), la discreción de las autonomías para implementar la medida o no, y de su coordinación con otras medidas ya existentes.
Un nuevo despropósito con tintes electoralistas, y una nueva ley que nace del todo ineficaz.
