Una primera reflexión. ¿Sería coherente que alguien que abrace los postulados liberales sea funcionario, es decir, que cobre del Estado de quien abomina? Pues mi respuesta es que sí; rotundamente. En primer lugar, porque estoy seguro que un liberal de verdad defendería el adelgazamiento del sector público aun a costa de poner en riesgo su puesto de trabajo. Porque defendemos un Estado mínimo, pero no inexistente. Y un Estado reducido, repleto de colectivistas, sería tan opresor, o más, que cualquier otro inmenso. Porque si por “coherencia” entendemos que un liberal tenga que defender una economía 100% privada, sería también “coherente” que el funcionario defendiera una economía 100% pública, es decir, comunista.
Pasemos a la actualidad. Se ha publicado que en la próxima década se jubilarán casi 1.000.000 de funcionarios, empezando por los 350.000 que se jubilarán en los próximos cinco años. En total, más del 30% del total de funcionarios actuales. Este fenómeno de jubilación masiva en tan poco espacio temporal se debe al boom que se desarrolló en las décadas de los 80 y 90, cuando cientos de miles de jóvenes se incorporaron a la expansión del Estado, el desarrollo de las Autonomías y otras administraciones varias, hasta convertirlo en el gigantesco e hipertrofiado aparato burocrático en el que hoy en día se ha convertido. Entre el año 1977 y finales de los 80, la plantilla de la Administración Pública pasó de 700.000 personas a casi 2.000.000.
Los sindicatos se han apresurado a exigir un aceleramiento de las convocatorias de oposiciones y el impulso de un plan integral de recursos humanos orientado a la creación de nuevos empleos a expensas de una alarmante “descapitalización del conocimiento en el sector público”. Un periódico de tirada nacional titula “España tiene que renovar a más de un millón de funcionarios en
los próximos 10 años”. Es decir, subyace un imperativo, una obligación, una urgencia ineludible a reponer la baja por jubilación de esta importante bolsa de trabajadores públicos.
Difícil encontrar reflexiones que hablen de ajuste, ahorro, productividad, gestión, eficiencia, rendimiento,… Es cierto que tomar decisiones sobre cierres y recortes es duro; díganselo a los trabajadores del naval, de la minería o de la pesca. Estoy entre los que piensan que en la administración española sobran alrededor de 500.000 personas y faltan criterios de productividad que ceban de inoperancia, de burocracia e inutilidad a la administración. ¿Resulta acaso lógico el carácter vitalicio del puesto de trabajo? Tenemos ante nosotros la oportunidad, en un contexto de un déficit y deuda desbocados, de acomete una reconversión silenciosa del sector público. Sin despidos, sin dolor. Con responsabilidad.
Pasemos a la actualidad. Se ha publicado que en la próxima década se jubilarán casi 1.000.000 de funcionarios, empezando por los 350.000 que se jubilarán en los próximos cinco años. En total, más del 30% del total de funcionarios actuales. Este fenómeno de jubilación masiva en tan poco espacio temporal se debe al boom que se desarrolló en las décadas de los 80 y 90, cuando cientos de miles de jóvenes se incorporaron a la expansión del Estado, el desarrollo de las Autonomías y otras administraciones varias, hasta convertirlo en el gigantesco e hipertrofiado aparato burocrático en el que hoy en día se ha convertido. Entre el año 1977 y finales de los 80, la plantilla de la Administración Pública pasó de 700.000 personas a casi 2.000.000.
Los sindicatos se han apresurado a exigir un aceleramiento de las convocatorias de oposiciones y el impulso de un plan integral de recursos humanos orientado a la creación de nuevos empleos a expensas de una alarmante “descapitalización del conocimiento en el sector público”. Un periódico de tirada nacional titula “España tiene que renovar a más de un millón de funcionarios en
los próximos 10 años”. Es decir, subyace un imperativo, una obligación, una urgencia ineludible a reponer la baja por jubilación de esta importante bolsa de trabajadores públicos.
Difícil encontrar reflexiones que hablen de ajuste, ahorro, productividad, gestión, eficiencia, rendimiento,… Es cierto que tomar decisiones sobre cierres y recortes es duro; díganselo a los trabajadores del naval, de la minería o de la pesca. Estoy entre los que piensan que en la administración española sobran alrededor de 500.000 personas y faltan criterios de productividad que ceban de inoperancia, de burocracia e inutilidad a la administración. ¿Resulta acaso lógico el carácter vitalicio del puesto de trabajo? Tenemos ante nosotros la oportunidad, en un contexto de un déficit y deuda desbocados, de acomete una reconversión silenciosa del sector público. Sin despidos, sin dolor. Con responsabilidad.
