En el pasado debate del estado de la nación, Sánchez ha anunciado a bombo y platillo una importante subida de impuestos. Y esta vez, librando a los de siempre, ya que el remedio a todos nuestros males consistirá en establecer un impuesto excepcional “sobre los beneficios extraordinarios” las grandes empresas energéticas y entidades financieras; “beneficios que salen del bolsillo de los consumidores, y este gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”. Grandes aplausos en la bancada, porque el presidente del gobierno se echaba al monte para transmutarse en el nuevo Robín Hood de nuestros tiempos. Robar a los ricos para dárselo a los pobres.
Pero la realidad es que estos mensajes populistas son puro fuego de artificio. Son discursos que solo buscan aplacar desesperadamente la imparable huida de votantes que hoy sufre este gobierno. Es más, en última instancia, lo que realmente va a suponer es el mayor empobrecimiento de los de siempre. Porque no les quepa ninguna duda de que estas corporaciones repercutirán a los usuarios, euro a euro, los 7.000 millones que el gobierno pretende recaudar con esta medida. Será así, porque se lo permitirá el cómodo ecosistema oligopolístico en el que se acomodan. Son en realidad los pequeños, las pymes, los autónomos, los que luchan en un real entorno de libre mercado competitivo, quienes se tienen que comer el desabastecimiento, la escalada de costes de la energía y de las materias primas sin ninguna posibilidad de repercutirla a sus clientes. Eso, o desaparecer.
Pero Sánchez no está solo. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido tajante y anunció “mano dura con quienes abusen y ataquen el interés general". Una amenaza a las empresas que pretendan cargar a los consumidores de manera indirecta los impuestos que ahora deben pagar. Propone un nuevo delito en el código penal por repercusión artificial de precios. Menudos embaucadores. Puestos a ello, se podría proponer un nuevo delito penal para el gobierno que repercuta a la ciudadanía sus déficits por vía impositiva. Exactamente lo mismo. A prisión.
La primera empresa de este país, la entidad que realmente más se está forrando gracias a la crisis inflacionista que sufrimos, es el Estado. El gobierno de España es el que disfruta del mayor beneficio extraordinario posible gracias a la recaudación impositiva récord de los cinco primeros meses del año. Sin embargo, a esta empresa no se le aplican medidas extraordinarias. Más bien al contrario. Las aplica ella, subiendo los impuestos.
Disfruten con salud de lo votado.
