Hasta los más recalcitrantes detractores del Gobierno han coincidido en que, por una vez y sin que sirva de precedente, ha adoptado una medida con la que no pueden estar más de acuerdo: la supresión de los teléfonos 902 para contactar con empresas públicas y privadas que prestan todo tipo de servicios, que a partir de ahora serán gratuitos o tendrán que ser sustituidos por un número de teléfono fijo o móvil de facturación normal. Ya era hora porque esos números de tarificación especial –es decir, más caros- tenían la misión de disuadir a los consumidores de utilizarlos para defender sus derechos. La medida, sin embargo, puede tener un efecto contraproducente para nuestro tiempo y nuestro cerebro, que las llamadas aún tarden más en ser atendidas y que mientras tanto las neuronas acaben quemadas por la musiquilla que ponen durante la espera. Se trata sin duda de una medida lógica y necesaria que ha tardado mucho tiempo en hacerse realidad y una de las primeras medidas notables del ministerio de Consumo.
