El problema más grave al que se enfrentaron los revolucionarios del 68 cuando su movimiento se impuso tras la batalla del puente de Alcolea y la reina Isabel II se vio en la necesidad de entregar su corona y partir para el exilio, fue que ninguno de los capitanes de aquella conjura había previsto con quién rellenar el trono vacante. Prim, Serrano, Topete, Sagasta, Ruiz Zorrilla y el resto de los sublevados coincidían en la necesidad de echar a la soberana pero sorprendentemente no tenían ni decidido ni acordado quien sucedería a la depuesta, y nada más alcanzar su objetivo, hubieron de enfrentarse a un conflicto tan endemoniado que a Prim le costó la vida y, tras una rocambolesca elección de un nuevo soberano que duró menos de un año, el régimen monárquico vigente fue sustituido por una efímera y convulsa república. Como daño colateral añadido a aquella demencial campaña, el delicado proceso de buscar rey por Europa propició la guerra franco-prusiana. Un auténtico disparate.
No es un hecho aislado en el devenir de este país el singular episodio de la Gloriosa de septiembre de 1868, sino un hito más en hechos constantes que demuestran el grado de improvisación y la falta de planteamiento que caracteriza a los españoles cuando se ponen farrucos y se les mete algo en la cabeza. Lo normal y natural es que se ponga el carro antes que los bueyes y se tire por la calle de en medio sin pararse a estudiar las consecuencias de estos actos. Los resultados suelen ser trágicos como ocurrió con la república federalista a la que aspiraba Pi Margall y al que le estalló una desquiciada interpretación de su propia doctrina en las manos en forma de movimiento cantonalista en el que Cartagena acuñó moneda propia y, por ejemplo, Jumilla le declaró la guerra a Murcia y Sevilla a Utrera.
En esas estamos ahora con la emergente necesidad de modificar la Constitución, una necesidad que ha brotado incontenible al amparo de la recién estrenada Legislatura y que sin embargo no ha resuelto la madre de todas las revisiones que consiste en definir y determinan qué se revisa y cómo ha de ser la Constitución que sustituya a la del 78 sobre la que aún no han pasado cuarenta años. Se afrontará el debate, se derribará la vieja Carta Magna pero nadie habrá previsto como hacer la de recambio.
