No hace mucho, la prensa informaba de la detención de 16 jueces corruptos, en Italia, acusados de favorecer a la mafia, concretamente al grupo de La Camorra; y es que hay que tener muchos bemoles para decidir entre que te hagan un pijama de madera o aceptar el “convoluto” o sea, entre plata o plomo; que no tiene nada que ver con la elección voluntaria entre la justicia o el yacusi con champán.
Al parecer, el hecho consistía en que si la policía descubría que se habían realizado facturaciones falsas y evasión fiscal por parte de la siniestra organización los “empresarios” impugnaban las multas y los jueces fallaban a su favor.
Y es que la cosa tiene tintes dramáticos, cuando el que amenaza ha dado sobradas pruebas de que no lo hace en balde: Nino Pecorelli, Danilo Abruaciati, Emilio Alessandrino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino…son jueces italianos que dieron su vida por defender la legalidad.
Aquí en nuestro país tuvimos como casos más sobresalientes, los asesinatos por ETA (otra organización “camorrista” revestida de ambage político) de la fiscal Carmen Tagle y el magistrado y catedrático Tomás y Valiente.
Cuando estudiamos el delito de omisión del deber de socorro, nos encontramos que la única excepción se produce cuando haya peligro para el omitente o terceras personas. O sea que la ley no puede obligarte a comportamientos heroicos.
¿Se le puede exigir a un juez un comportamiento heroico? ¿O se le pueden aplicar las eximentes y causas de justificación de Estado de Necesidad o la de Miedo insuperable, como a cualquier ciudadano, pongamos por caso a los empresarios vascos sometidos al impuesto revolucionario?
Respecto a la primera, la norma excluye de su aplicación al que incumple su obligación cuando el necesitado tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Respecto a la segunda cuestión, ya se dice que el miedo es libre. En el caso del juez, se le debería eximir de responsabilidad criminal y expedientarlo por vía administrativa, salvo que la prevaricación concurriera con el delito de cohecho, con dádiva libremente aceptada, en cuyo caso el talego sería la única resolución pertinente. Y es que no todo togado tiene el cuajo de llevar el emblema de “Todo por la Justicia”. Malo cuando el juez en vez de proteger al ciudadano, es él quien tiene que ser protegido. Aquí más recientemente tuvimos caso del juez Taín, amenazado por un sicópata que llegó a intentar atentar contra su hijo, o las gravísimas coacciones y amenazas al también juez LLarena, por los independentistas catalanes. No es lo mismo, pero no es una buena señal. Claro que existe otra forma más sutil de tratar de influir en las decisiones judiciales, como que el clan amparándose en la asociación que ellos mismos han creado para divulgar su pretendida marginación social, se aplique a censurar a los fiscales cuando acusan a sus miembros y felicitando a los jueces cuando fallan a su favor.
Al parecer, el hecho consistía en que si la policía descubría que se habían realizado facturaciones falsas y evasión fiscal por parte de la siniestra organización los “empresarios” impugnaban las multas y los jueces fallaban a su favor.
Y es que la cosa tiene tintes dramáticos, cuando el que amenaza ha dado sobradas pruebas de que no lo hace en balde: Nino Pecorelli, Danilo Abruaciati, Emilio Alessandrino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino…son jueces italianos que dieron su vida por defender la legalidad.
Aquí en nuestro país tuvimos como casos más sobresalientes, los asesinatos por ETA (otra organización “camorrista” revestida de ambage político) de la fiscal Carmen Tagle y el magistrado y catedrático Tomás y Valiente.
Cuando estudiamos el delito de omisión del deber de socorro, nos encontramos que la única excepción se produce cuando haya peligro para el omitente o terceras personas. O sea que la ley no puede obligarte a comportamientos heroicos.
¿Se le puede exigir a un juez un comportamiento heroico? ¿O se le pueden aplicar las eximentes y causas de justificación de Estado de Necesidad o la de Miedo insuperable, como a cualquier ciudadano, pongamos por caso a los empresarios vascos sometidos al impuesto revolucionario?
Respecto a la primera, la norma excluye de su aplicación al que incumple su obligación cuando el necesitado tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Respecto a la segunda cuestión, ya se dice que el miedo es libre. En el caso del juez, se le debería eximir de responsabilidad criminal y expedientarlo por vía administrativa, salvo que la prevaricación concurriera con el delito de cohecho, con dádiva libremente aceptada, en cuyo caso el talego sería la única resolución pertinente. Y es que no todo togado tiene el cuajo de llevar el emblema de “Todo por la Justicia”. Malo cuando el juez en vez de proteger al ciudadano, es él quien tiene que ser protegido. Aquí más recientemente tuvimos caso del juez Taín, amenazado por un sicópata que llegó a intentar atentar contra su hijo, o las gravísimas coacciones y amenazas al también juez LLarena, por los independentistas catalanes. No es lo mismo, pero no es una buena señal. Claro que existe otra forma más sutil de tratar de influir en las decisiones judiciales, como que el clan amparándose en la asociación que ellos mismos han creado para divulgar su pretendida marginación social, se aplique a censurar a los fiscales cuando acusan a sus miembros y felicitando a los jueces cuando fallan a su favor.
