La autopista es cara, muy cara. Ir desde Vigo hasta A Coruña y volver supone un gasto entre gasolina y peaje de unos 60 euros, que casi equivale al precio de un billete “bajo coste” desde Galicia a Milán. Lo trágico es que nada va a cambiar en décadas porque Audasa tiene muchos años por delante antes de que, como otras de España, sea gratuita o con un precio muy reducido, sólo para el mantenimiento. Para ello habrá que esperar hasta 2048, 28 años, gracias a que el Gobierno -o más exactamente, dos gobiernos, uno del PP y otro del PSOE- ampliaran uno el plazo otorgado inicialmente y otro el peaje a abonar, a cambio de que la concesionaria realizara mejoras y facilitara beneficios a los usuarios, como el bono ida y vuelta a Pontevedra.
No cabe duda de que fue un buen negocio, pero sólo para Audasa; pésimo para los ciudadanos y lo ocurrido con la construcción del puente ha acabado por agotar la paciencia. A la espera del veredicto judicial, ya se puede considerar que ha sido un timo masivo: primero, porque se inauguró sin que las obras se hubieran terminado, segundo porque la construcción la soportaron los conductores sin que el peaje se hubiera reducido y tercero porque las condiciones pactadas para financiar la obra incluyen un extra en el pago, así que en definitiva Audasa construyó los nuevos carriles, y con ello amplió su negocio, pero lo hemos pagado entre todos y por duplicado.
De todo esto ha ido el juicio celebrado esta semana en el juzgado Mercantil, que ha resultado muy claro: el Gobierno defendió a Audasa y el Ministerio Fiscal, independiente, se ha empleado con argumentos de peso para echar abajo argumentos que no soportaban una mínima revisión.
