Estuvo muy bien el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en sus declaraciones a su paso por la Cidade da Xustiza haciendo énfasis en la excepcionalidad de la Fiscalía del Área deVigo, unica en España por su competencia y potencia. Recordó que aunque orgánicamente se sitúa por debajo de la provincia, en Pontevedra, en realidad cada una de ellas hace su propio camino y que la mitad de los fiscales específicos tienen su despacho en Vigo y la otra mitad en la Boa Vila. Es decir, vino a señalar en materia del Ministerio Público lo que pasa con todo: que la provincia es dual, aunque no oficialmente, por lo que a día de hoy un mal negocio para las dos ciudades. Para Vigo, porque tiene que pegarse y gastar tiempo y dinero por cada nueva dotación -aunque es verdad que ya menos- y sobre todo tratar de salir de la condena a la invisibilidad administrativa que supone una provincia que lleva el nombre de otro municipio; para Pontevedra, ser la única capital de España donde buena parte de los servicios que le corresponderían “de iure” están desplazados. Así están las cosas y el arreglo sería un divorcio pactado o un acuerdo para ajustar la Administración a la realidad de una vez. Me temo que no está en ninguna agenda, pese a las buenas palabras del fiscal García Ortiz, que pareció entender la singularidad viguesa y así lo manifestó dónde y cuándo procedía. Lástima el lastre/mochila que le señala como hombre para todo de Mr PS, quien ya había subrayado lo que -según su doctrina- significa que al fiscal lo nombre el Gobierno: una amplía actividad que pasa por respaldar al Ejecutivo, validar la amnistía o filtrar datos contra Ayuso. En definitiva, marcado por sus decisiones a favor de quien le nombró y le puede cesar, que al final es quien manda, como dice Mr PS.
