Son los objetivos desarrollados en el foro de Davos, ratificado por cientos d países en 2021, que define lo que se quiere que sea en el año 2030. Son 17 objetivos que cuando se lee los títulos no dejan de ser lo que muchos quisiéramos. España es uno de esos países y está trabajando en ello.
Lo primero que quiero decir es que una vez más la oligarquía ha impuesto sus criterios del mundo globalista sin que el ciudadano haya votado ninguna de esos objetivos o predicciones, aunque los acontecimientos, algunos provocados, ponen en peligro una parte importante de la Agenda 2030. La Pandemia fue un primer paso y la invasión de Rusia a Ucrania otro, también hay que decirlo el reforzamiento de nuevas alianzas, la OTAN ya no es solo una defensa del Atlántico norte, ahora se ha convertido en una garante de La Paz en cualquier lugar del mundo. A esto otra alianza los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) han tomado posiciones avisando de que no se van quedar con las manos cruzadas. Un hecho de esta respuesta es Japón que se rearma para repeler una posible invasión.
Con este panorama es posible que los 17 puntos se conviertan en muchos casos en papel mojado, aunque alguno puede llegar a cumplirse en parte, como la de “no comerás más carne de vacuno”, en muchos países y España entre ellos ya están fabricando carne sintética.
Dadas las circunstancias tendremos que ‘Fin de la pobreza’ no se vislumbra a medio plazo, y mucho menos el ‘Hambre cero’ con los datos que se tienen de Cruz Roja, Caritas y el INE (Instituto Nacional de Estadística). No hablemos de ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’, está ocurriendo todo lo contrario, ni de ‘Energía asequible y no contaminante’ cuando estamos peleando por el gas, sin vislumbrarse un Plan energético a corto y medio plazo que nos permitiese cumplir con este punto. Otro punto que se desarrolla en sentido contrario es ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ con unos contratos que son en su mayoría precarios y rondando el salario el límite para poder subsistir, que conduce a una esclavitud social escondida, con unos impuestos en donde la mayoría de los casos lo que se paga al estado, CCAA y Ayuntamientos supone casi el salario de 6 meses, sin que el IPC se repercuta en el salario y se pierda poder adquisitivo.
