Desde diversos sectores de opinión, se viene insistiendo en que se den a conocer los sondeos previstos, encargados por el presidente Suárez, sobre una consulta república-monarquía, previos a la redacción de la Constitución, cuya existencia confesaría años después en una entrevista con la periodista Victoria Prego, a la que confesó que la consulta no se llevó a cabo, porque “se perdía” con relación a la Corona.
Aunque, en vista de la evolución de los acontecimientos, y sobre todo el riesgo de que España dejara, como ya ocurre en determinados ámbitos, de ser considerada una nación per se, sino un mero agregado de naciones, hasta muchos sinceros republicanos aceptan o se resignan a aceptar que la jefatura del Estado esté desempeñada por el rey como factor de estabilidad por encima de las discordias entre partidos y sus efectos. Nadie puede imaginarse, como ejemplo, a ninguno de los que han sido presidentes del Gobierno como lo mismo, pero del país. Pero eso no quiere decir que no exista el sentimiento republicano, ni el deseo de conocer, y no sólo sobre las encuestas del CIS, lo que los españoles pensamos sobre la Corona y, sobre todo, que se revele por qué Suárez no se atrevió, como pedían entonces las fuerzas democráticas y el propio conde de Barcelona (véanse los escritos al respecto de su consejero Calvo Serer) una consulta a la nación como paso previo a la redacción del proyecto de Constitución. En el caso de don Juan éste decía que la salida del franquismo fuera esa opción que él esperaba que le fuera favorable. Ni tampoco conviene olvidar que mientras el Partido Comunista se avino a aceptar la monarquía en la Comisión Constitucional, el PSOE, más por convencimiento que por voluntad del profesor Gómez Llorente mantuvo el voto republicano, frente al Centro y la Derecha, para luego aceptar la monarquía.
Pero hay más, por lo que es oportuno recordar ahora el modo contundente en que se evitó que, en la transición del franquismo a la democracia, se discutiera otra opción que en la propia previsión de caudillo de que lo sucediera Juan Carlos I a título de rey. En ese sentido cabe decir los oportunos estudios llevados a cabo por el profesor Marc Carrillo. Se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación.
La herramienta esencial para hurtar el debate y sus consecuencias en la opinión pública fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas. Ésta fue la herramienta decisiva, además de la autocensura o la complicidad, para silenciar a los medios de comunicación, para evitar un debate nacional real y plantear la posibilidad de un referéndum sobre la continuidad de las previsiones de Franco, reformadas en parte sí; pero conservando elementos esenciales de su Ley de Sucesión, parte de cuyo contenido se va a transferir a la Constitución de 1978.
La reforma de la Constitución es la asignatura pendiente de la democracia española. Mientras el resto de las constituciones de los países de similar cultura democrática se han ido adaptando a los cambios de todo tipo surgidos estos últimos años, en España sigue sin afrontase la revisión de cuestiones esenciales, porque se entendía que no eran urgentes o que no era prudente abordarlas, según los casos. Y por ello nunca se llegó a abordar la caduca disposición sucesoria que prioriza al varón sobre la mujer, y que se incluyó en la Carta Maga casi exactamente en los mismos términos en que estaba redactado este esencial asunto en la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
Está pendiente de desarrollar un “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona” que, entre otras cuestiones esenciales, debe regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio.
¿Qué pasaría si se les diera la voz a los españoles para pronunciarse sobre cuestiones como la propia monarquía, con capacidad efectiva de expresarse sobre la misma? Esta institución saldría realmente fortalecida si fuera como tal respaldada por la mayoría de los ciudadanos, pero con el riesgo de que también pudiera ganar la opción republicana. No es menos cierto que las recientes convulsiones que en estos momentos pasa España no priorizan abordar un asunto como éste, pero tampoco se puede olvidar como si no existiera tal debate. De todos modos, tras la confidencia que Suárez hizo a Victoria Prego, los ciudadanos tenemos todo el derecho a que se nos aclare lo que en 1977 pensábamos sobre el asunto y obtener las lógicas conclusionres.
Aunque, en vista de la evolución de los acontecimientos, y sobre todo el riesgo de que España dejara, como ya ocurre en determinados ámbitos, de ser considerada una nación per se, sino un mero agregado de naciones, hasta muchos sinceros republicanos aceptan o se resignan a aceptar que la jefatura del Estado esté desempeñada por el rey como factor de estabilidad por encima de las discordias entre partidos y sus efectos. Nadie puede imaginarse, como ejemplo, a ninguno de los que han sido presidentes del Gobierno como lo mismo, pero del país. Pero eso no quiere decir que no exista el sentimiento republicano, ni el deseo de conocer, y no sólo sobre las encuestas del CIS, lo que los españoles pensamos sobre la Corona y, sobre todo, que se revele por qué Suárez no se atrevió, como pedían entonces las fuerzas democráticas y el propio conde de Barcelona (véanse los escritos al respecto de su consejero Calvo Serer) una consulta a la nación como paso previo a la redacción del proyecto de Constitución. En el caso de don Juan éste decía que la salida del franquismo fuera esa opción que él esperaba que le fuera favorable. Ni tampoco conviene olvidar que mientras el Partido Comunista se avino a aceptar la monarquía en la Comisión Constitucional, el PSOE, más por convencimiento que por voluntad del profesor Gómez Llorente mantuvo el voto republicano, frente al Centro y la Derecha, para luego aceptar la monarquía.
Pero hay más, por lo que es oportuno recordar ahora el modo contundente en que se evitó que, en la transición del franquismo a la democracia, se discutiera otra opción que en la propia previsión de caudillo de que lo sucediera Juan Carlos I a título de rey. En ese sentido cabe decir los oportunos estudios llevados a cabo por el profesor Marc Carrillo. Se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la opción República o Monarquía o que ni tan siquiera ese debate se realizara en los propios medios de comunicación.
La herramienta esencial para hurtar el debate y sus consecuencias en la opinión pública fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas. Ésta fue la herramienta decisiva, además de la autocensura o la complicidad, para silenciar a los medios de comunicación, para evitar un debate nacional real y plantear la posibilidad de un referéndum sobre la continuidad de las previsiones de Franco, reformadas en parte sí; pero conservando elementos esenciales de su Ley de Sucesión, parte de cuyo contenido se va a transferir a la Constitución de 1978.
La reforma de la Constitución es la asignatura pendiente de la democracia española. Mientras el resto de las constituciones de los países de similar cultura democrática se han ido adaptando a los cambios de todo tipo surgidos estos últimos años, en España sigue sin afrontase la revisión de cuestiones esenciales, porque se entendía que no eran urgentes o que no era prudente abordarlas, según los casos. Y por ello nunca se llegó a abordar la caduca disposición sucesoria que prioriza al varón sobre la mujer, y que se incluyó en la Carta Maga casi exactamente en los mismos términos en que estaba redactado este esencial asunto en la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
Está pendiente de desarrollar un “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona” que, entre otras cuestiones esenciales, debe regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio.
¿Qué pasaría si se les diera la voz a los españoles para pronunciarse sobre cuestiones como la propia monarquía, con capacidad efectiva de expresarse sobre la misma? Esta institución saldría realmente fortalecida si fuera como tal respaldada por la mayoría de los ciudadanos, pero con el riesgo de que también pudiera ganar la opción republicana. No es menos cierto que las recientes convulsiones que en estos momentos pasa España no priorizan abordar un asunto como éste, pero tampoco se puede olvidar como si no existiera tal debate. De todos modos, tras la confidencia que Suárez hizo a Victoria Prego, los ciudadanos tenemos todo el derecho a que se nos aclare lo que en 1977 pensábamos sobre el asunto y obtener las lógicas conclusionres.
