Un viejo profesor de Historia del Derecho explicaba a sus alumnos que la Justicia es un anhelo, un principio y no algo que dispensen automáticamente los tribunales. Y añadía que lo que sale de los tribunales son sentencias que pueden ser o no justas, que tienen mucho de actos administrativos, de los que se derivan consecuencias opinables. Kelsen nos enseñó que no existe la Justicia absoluta, ideal, la que la Humanidad busca y anhela. Tenemos que conformarnos con una “justicia relativa” y añade: “La justicia se encuentra en aquel ordenamiento social bajo cuya protección puede prosperar la búsqueda de la verdad”. Viene a cuenta todo esto por las reacciones que se están produciendo sobre la sentencia de la primera fase de los EREs. Digo primera fase porque dentro de este episodio hay más materia justiciable, pendiente de irse solventando.
Yo creo que la mayoría de los procesados en el asunto de los EREs han salido bien parados, pese a la gravedad de sus responsabilidades, especialmente Chaves y Magdalena Álvarez. Los hechos probados trascienden del propio descontrol con que manejaban los fondos públicos o el uso que se hizo de ellos (en putas y cocaína, entre otros), sino de la propia naturaleza y el fin de varios cientos millones de euros destinados a paliar los efectos del desempleo y en la crisis en una de las regiones con más paro y subempleo de España.
Pero es que todo esto ocurre cuando Gobierna un partido que se dice de izquierdas y que todavía ayer presumía de “cien años de honradez”. La indecencia de quienes idearon, permitieron, ejecutaron o se beneficiaron de este descontrol tan bien planificado se eleva de tono cuando precisamente porque en este territorio acampaba destacados miembros del PSOE, sus amigos o familiares. El repudio social que esto provoca no se incluye en la sentencia. Añadamos la propia génesis sospechosamente favorable a los justiciados de la instrucción, y no por culpa de la jueza Mercedes Ayala, de la que se han lucrado no pocos escapados.
Pero hay un aspecto importante a destacar: expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones que adoptaron en relación con el fondo de los ERE. Pero el que fuera presidente del PSOE sale mejor parado que Griñán, ya que ambos son igualmente responsables de haber tomado decisiones ilegales y lesivas para el interés público, pero a Griñán le condenan además por malversación por su actuación como consejero de Economía entre 2004 y 2009. La inhabilitación no tendrá efectos para ninguno, dado que ambos habían decidido dejar la política.
Lo que ha sorprendido es el pretendido alejamiento del PSOE de este asunto. En este sentido, el ministro de Fomento, con el mismo cinismo que acostumbra dijo “La sentencia no nos puede dejar indiferentes ni al Gobierno ni al partido, aunque se trate de un caso de la pasada década. Un caso que no afecta ni al actual Gobierno ni a la junta socialista, pero que es muy dura porque en su día varios de los condenados tuvieron importantes responsabilidades. Este es un fallo muy esgrimido por el PP para desviar la atención de sus asuntos de corrupción”. “Pero el PSOE no ha sido nunca investigado por el caso de los ERE. No es un caso del PSOE sino de las personas investigadas; al contrario de lo que sí pasó con el PP”.
Conviene recordar ahora que el asunto desemboca en una de sus consecuencias, pero que no termina con esta sentencia, que este caso ha perdurado sin salida a lo largo de tres elecciones autonómicas de Andalucía (2012, 2015 y 2018). Debemos agradecer a la jueza Ayala, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pese a todo, haber llegado hasta aquí, a partir de un episodio, como tantos otros, que hubiera pasado desapercibido, salvo para la crónica local: El 24 de abril de 2009, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla denunció que dos exdirectivos de Mercasevilla habían intentado cobrar una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles la gestión de una escuela de hostelería.
Yo creo que la mayoría de los procesados en el asunto de los EREs han salido bien parados, pese a la gravedad de sus responsabilidades, especialmente Chaves y Magdalena Álvarez. Los hechos probados trascienden del propio descontrol con que manejaban los fondos públicos o el uso que se hizo de ellos (en putas y cocaína, entre otros), sino de la propia naturaleza y el fin de varios cientos millones de euros destinados a paliar los efectos del desempleo y en la crisis en una de las regiones con más paro y subempleo de España.
Pero es que todo esto ocurre cuando Gobierna un partido que se dice de izquierdas y que todavía ayer presumía de “cien años de honradez”. La indecencia de quienes idearon, permitieron, ejecutaron o se beneficiaron de este descontrol tan bien planificado se eleva de tono cuando precisamente porque en este territorio acampaba destacados miembros del PSOE, sus amigos o familiares. El repudio social que esto provoca no se incluye en la sentencia. Añadamos la propia génesis sospechosamente favorable a los justiciados de la instrucción, y no por culpa de la jueza Mercedes Ayala, de la que se han lucrado no pocos escapados.
Pero hay un aspecto importante a destacar: expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones que adoptaron en relación con el fondo de los ERE. Pero el que fuera presidente del PSOE sale mejor parado que Griñán, ya que ambos son igualmente responsables de haber tomado decisiones ilegales y lesivas para el interés público, pero a Griñán le condenan además por malversación por su actuación como consejero de Economía entre 2004 y 2009. La inhabilitación no tendrá efectos para ninguno, dado que ambos habían decidido dejar la política.
Lo que ha sorprendido es el pretendido alejamiento del PSOE de este asunto. En este sentido, el ministro de Fomento, con el mismo cinismo que acostumbra dijo “La sentencia no nos puede dejar indiferentes ni al Gobierno ni al partido, aunque se trate de un caso de la pasada década. Un caso que no afecta ni al actual Gobierno ni a la junta socialista, pero que es muy dura porque en su día varios de los condenados tuvieron importantes responsabilidades. Este es un fallo muy esgrimido por el PP para desviar la atención de sus asuntos de corrupción”. “Pero el PSOE no ha sido nunca investigado por el caso de los ERE. No es un caso del PSOE sino de las personas investigadas; al contrario de lo que sí pasó con el PP”.
Conviene recordar ahora que el asunto desemboca en una de sus consecuencias, pero que no termina con esta sentencia, que este caso ha perdurado sin salida a lo largo de tres elecciones autonómicas de Andalucía (2012, 2015 y 2018). Debemos agradecer a la jueza Ayala, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pese a todo, haber llegado hasta aquí, a partir de un episodio, como tantos otros, que hubiera pasado desapercibido, salvo para la crónica local: El 24 de abril de 2009, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla denunció que dos exdirectivos de Mercasevilla habían intentado cobrar una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles la gestión de una escuela de hostelería.
