Vivimos tiempos convulsos para el futuro de lo que llamábamos la nación española. Partimos de la excéntrica situación de que el Gobierno, y se supone la estabilidad del Estado, dependa o se construya con la decisiva –y a costoso precio del Estado mismo—intervención de quienes marquen como sus objetivos salirse de él, o sea, destruirlo. Y en ese espacio, dos nuevas perplejidades aparecen: una, que el futuro de quien deba presidir ese “Gobierno de progreso” dependa de un justiciable fugado y los suyos, y ahora la descarada intervención de la “derecha católica vascongada”, o sea, el partido demócrata-cristiano de siglas PNV, cuyo presidente, Ortuzar, afirma que ellos han frenado a la derecha, ya que, por lo visto, los seguidores del racista Arana son de izquierdas y no el paradigma de la burguesía vasca. Además, de su sentido de la decencia en política, hoy votan los presupuestos (sacando buena tajada) de Rajoy, y mañana, con otra tajada de su sucesor, votan la moción de censura.
En el libro del profesor Giovanni Sartori, titulado “Ingeniería constitucional comparada”, nos previene de los riesgos de determinadas piruetas de los pactos entre partidos minoritarios y los que se supone que representan a la gran masa de ciudadanos. Recuerda que, frente a otras fórmulas, donde el voto del elector es más personal hacia un candidato concreto, en nuestro caso, de listas cerradas y bloqueadas, las conforman simplemente no los mejores objetivamente, sino las clientelas que mejor relación tengan con los dirigentes que conforman las listas. Y a estos diputados que abrevan en todos los partidos, los denomina “caballos de Calígula”, que hiciera senador a su caballo. Un determinado sistema electoral –dice Sartori—genera diferencias substanciales en los modos de la acción política. Y en España, las minorías contrarias a la forma actual de la nación tienen, gracias a ello, la sartén por el mango. Y ojo, porque el pacto del PP con la extrema derecha no sería muy diferente, en cuanto a riesgos, al defender los segundos desmontar o anular aspectos ya consolidados del Estado de las Autonomías o determinados avances sociales, de usos, costumbres y contenidos que la sociedad española ha asimilado con toda naturalidad.
El mero mecanicismo de sistemas como el vigente en España, sin otros elementos correctores, como la necesaria reforma de la ley electoral, que para algunos analistas beneficia a los partidos independentistas, asuntos que otros riegan, puede conducirnos a situaciones paradójicas. Y el asunto se empeora, si por necesidad de lograr pactos, las cesiones llegan al extremo de que en el lugar donde se elabora la ley se vulnere o se burle, mediante componendas, cesiones de diputados para permitir que formen grupo político en la cámara (y no perder prebendas y subvenciones) y otros frecuentes y vergonzosos apaños para ejecutar lo que en puridad es una burla de ley, como en este caso la electoral en cuanto a porcentajes y presencia mínima en un territorio para formar grupo propio y no tener que arrumbarse en el mixto. Atentos aquí a lo venidero.
Sartori se pregunta cuál es la fuerza que debe tener un presidente del Gobierno, según quien lo sostenga, sobre todo, como ocurre en España, cada partido, como los independentistas miran sólo por su interés y conveniencia, como dijera desde la tribuna del congreso aquella diputada de ERC, Montserrat Bassa, que dijo literalmente que “me interesa un comino la gobernabilidad de España”. La polarización del sistema que fuerza extrañas alianzas, comparando los programas máximos, produce situaciones como la que vivimos, disfrazadas, como en el caso de España con envoltorios equívocos como “mayoría social” o “mayoría de progreso”, especialmente esta última, que tiene distinto significado, ¿acaso quiere decir lo mismo para ERC, Bildu, Sumar y el PSOE? Y se previene también de los riesgos de determinadas coaliciones, o pactos postelectorales, cuando el partido que aspira al Gobierno ha de hacer concesiones al límite de la seguridad jurídica del Estado mismo. Ya se ha visto, con la reforma a la Carta del Código Penal y los indultos. Y ahora se defiende y reclama la segunda fase, o sea, la amnistía para todos los incursos en los sumarios derivados del “procès”, o sea, la “desjudicialización del conflicto catalán” y la impunidad total. (¿y la suelta de los presos de ETA, vieja reclamación de Otegui, otro consocio?). Y está el asunto de colar un referéndum consultivo en Cataluña (¿para qué y con qué efecto?) como si el artículo 92 de la Constitución pudiera ampararlo o la clara progresión que reclama el PNV de que el Gobierno de Euskadi negocio y trate con el del Estado, “de igual a igual”.
En el libro del profesor Giovanni Sartori, titulado “Ingeniería constitucional comparada”, nos previene de los riesgos de determinadas piruetas de los pactos entre partidos minoritarios y los que se supone que representan a la gran masa de ciudadanos. Recuerda que, frente a otras fórmulas, donde el voto del elector es más personal hacia un candidato concreto, en nuestro caso, de listas cerradas y bloqueadas, las conforman simplemente no los mejores objetivamente, sino las clientelas que mejor relación tengan con los dirigentes que conforman las listas. Y a estos diputados que abrevan en todos los partidos, los denomina “caballos de Calígula”, que hiciera senador a su caballo. Un determinado sistema electoral –dice Sartori—genera diferencias substanciales en los modos de la acción política. Y en España, las minorías contrarias a la forma actual de la nación tienen, gracias a ello, la sartén por el mango. Y ojo, porque el pacto del PP con la extrema derecha no sería muy diferente, en cuanto a riesgos, al defender los segundos desmontar o anular aspectos ya consolidados del Estado de las Autonomías o determinados avances sociales, de usos, costumbres y contenidos que la sociedad española ha asimilado con toda naturalidad.
El mero mecanicismo de sistemas como el vigente en España, sin otros elementos correctores, como la necesaria reforma de la ley electoral, que para algunos analistas beneficia a los partidos independentistas, asuntos que otros riegan, puede conducirnos a situaciones paradójicas. Y el asunto se empeora, si por necesidad de lograr pactos, las cesiones llegan al extremo de que en el lugar donde se elabora la ley se vulnere o se burle, mediante componendas, cesiones de diputados para permitir que formen grupo político en la cámara (y no perder prebendas y subvenciones) y otros frecuentes y vergonzosos apaños para ejecutar lo que en puridad es una burla de ley, como en este caso la electoral en cuanto a porcentajes y presencia mínima en un territorio para formar grupo propio y no tener que arrumbarse en el mixto. Atentos aquí a lo venidero.
Sartori se pregunta cuál es la fuerza que debe tener un presidente del Gobierno, según quien lo sostenga, sobre todo, como ocurre en España, cada partido, como los independentistas miran sólo por su interés y conveniencia, como dijera desde la tribuna del congreso aquella diputada de ERC, Montserrat Bassa, que dijo literalmente que “me interesa un comino la gobernabilidad de España”. La polarización del sistema que fuerza extrañas alianzas, comparando los programas máximos, produce situaciones como la que vivimos, disfrazadas, como en el caso de España con envoltorios equívocos como “mayoría social” o “mayoría de progreso”, especialmente esta última, que tiene distinto significado, ¿acaso quiere decir lo mismo para ERC, Bildu, Sumar y el PSOE? Y se previene también de los riesgos de determinadas coaliciones, o pactos postelectorales, cuando el partido que aspira al Gobierno ha de hacer concesiones al límite de la seguridad jurídica del Estado mismo. Ya se ha visto, con la reforma a la Carta del Código Penal y los indultos. Y ahora se defiende y reclama la segunda fase, o sea, la amnistía para todos los incursos en los sumarios derivados del “procès”, o sea, la “desjudicialización del conflicto catalán” y la impunidad total. (¿y la suelta de los presos de ETA, vieja reclamación de Otegui, otro consocio?). Y está el asunto de colar un referéndum consultivo en Cataluña (¿para qué y con qué efecto?) como si el artículo 92 de la Constitución pudiera ampararlo o la clara progresión que reclama el PNV de que el Gobierno de Euskadi negocio y trate con el del Estado, “de igual a igual”.
