La amnistía que se está adobando desde diversos ámbitos como medida necesaria para la recuperación de no sé qué paz civil y convivencia en Cataluña tiene como afecto la impunidad de una serie de delitos comunes como saqueos, ocupación y allanamiento de edificios, incendios, daños al mobiliario urbano, ocupación del aeropuerto del Prat e interrupción de sus actividades, ocupación de autopistas y cortes de tráfico en vías generales y urbanas, y todo el largo etcétera que tan bien reflejan las imágenes conocidas, englobadas en lo que se llamó “Tsunami democràtic”.
Conviene tener presente que todos esos episodios que ahora se pretende dejar sin efectos judiciales estuvieron perfectamente organizados por el llamado Tsunami Democràtic, con una nueva app de mensajería, clave para coordinar las estrategias del movimiento independentista. Los canales de estos grupos avisaban sobre localizaciones a las que era necesario acudir para secundar acciones —como la interrupción de vías de transporte— y para controlar los movimientos de la policía. Según un documentado informe, estas organizaciones, a diferencia de las hasta ahora animadoras de las masas independentistas —la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural—, no rehúyen el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
La policía cree para activar el Tsunami se produjo el 2 de septiembre de 2019, en una reunión en Ginebra entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Torra, representantes de los partidos nacionalistas catalanes, la ANC y Òmnium Cultural. En ese sentido, el Consorcio de Seguros advirtió en su día que una cosa es el derecho a la libre manifestación y otra el causar daño en el patrimonio de terceros, de la forma que se produjo en la serie de actos vandálicos tras la sentencia del procès. En aquellos días, se produjeron diversas detenciones de las personas que pudieron ser identificadas como consecuencia de su participación en los actos violentos. Y estos detenidos pasaron a engrosar el listado de implicados en responsabilidades penales como consecuencia de las diversas secuencias del procès.
El Consorcio de Seguros tuvo que afrontar un aluvión de consultas por parte de los afectados, en el sentido de si la responsabilidad por el vandalismo que sufrieron. El citado Consorcio precisa que estas manifestaciones, en concreto, no estaban autorizadas y por tanto tienen la calificación de riesgo extraordinario. Además de los daños causados por la naturaleza, como inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de cuerpos siderales y aerolitos, las coberturas de riesgos extraordinarios incluyen el tumulto popular, si la póliza contratada lo contempla. Y si se trata de un caso puro de vandalismo, los daños correrán directamente a cargo de la aseguradora siempre que se tenga contratada una cobertura por actos vandálicos. ¿Y si los comercios de Barcelona y otras ciudades no tenían cubierto ese riesgo? Pues lógicamente, deberían hacer frente a los daños quienes los causaron y ahora están incursos en procesos por saqueos y actos violentos. Pero esta gente figura dentro del listado de esos 4.000 afectados que se cita para quienes se pretende la referida amnistía. ¿Y qué pasa con su responsabilidad por los daños que causaron, quedan impunes, los cubre el Estado?
Deberían ser por tanto los jueces, ante quienes deben comparecer los identificados como autores de actos vandálicos, quienes deberán asumir que en las condenas que en su caso se les impongan se incluya la responsabilidad civil de sus actos. ¿O no? Pero eso es “judicializar” el conflicto, y desde los diversos consocios interesados de Sánchez, y de modo expresivamente afirmado por la líder de sumar, Yolanda Díaz, a la que de modo inequívoco se acaba de sumar la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, hay que retirar de los jueces el resolver para pacificar el conflicto entre Cataluña y el Estado. Pero si esa amnistía borra el delito, todos los delitos, relacionados con el procès, ¿van a quedar impunes los asaltos y saqueos cometidos, y si los afectados no tuvieran seguro que contemplara esos actos, ¿a quién van a reclamar y quien los compensará?
Conviene tener presente que todos esos episodios que ahora se pretende dejar sin efectos judiciales estuvieron perfectamente organizados por el llamado Tsunami Democràtic, con una nueva app de mensajería, clave para coordinar las estrategias del movimiento independentista. Los canales de estos grupos avisaban sobre localizaciones a las que era necesario acudir para secundar acciones —como la interrupción de vías de transporte— y para controlar los movimientos de la policía. Según un documentado informe, estas organizaciones, a diferencia de las hasta ahora animadoras de las masas independentistas —la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural—, no rehúyen el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
La policía cree para activar el Tsunami se produjo el 2 de septiembre de 2019, en una reunión en Ginebra entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Torra, representantes de los partidos nacionalistas catalanes, la ANC y Òmnium Cultural. En ese sentido, el Consorcio de Seguros advirtió en su día que una cosa es el derecho a la libre manifestación y otra el causar daño en el patrimonio de terceros, de la forma que se produjo en la serie de actos vandálicos tras la sentencia del procès. En aquellos días, se produjeron diversas detenciones de las personas que pudieron ser identificadas como consecuencia de su participación en los actos violentos. Y estos detenidos pasaron a engrosar el listado de implicados en responsabilidades penales como consecuencia de las diversas secuencias del procès.
El Consorcio de Seguros tuvo que afrontar un aluvión de consultas por parte de los afectados, en el sentido de si la responsabilidad por el vandalismo que sufrieron. El citado Consorcio precisa que estas manifestaciones, en concreto, no estaban autorizadas y por tanto tienen la calificación de riesgo extraordinario. Además de los daños causados por la naturaleza, como inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de cuerpos siderales y aerolitos, las coberturas de riesgos extraordinarios incluyen el tumulto popular, si la póliza contratada lo contempla. Y si se trata de un caso puro de vandalismo, los daños correrán directamente a cargo de la aseguradora siempre que se tenga contratada una cobertura por actos vandálicos. ¿Y si los comercios de Barcelona y otras ciudades no tenían cubierto ese riesgo? Pues lógicamente, deberían hacer frente a los daños quienes los causaron y ahora están incursos en procesos por saqueos y actos violentos. Pero esta gente figura dentro del listado de esos 4.000 afectados que se cita para quienes se pretende la referida amnistía. ¿Y qué pasa con su responsabilidad por los daños que causaron, quedan impunes, los cubre el Estado?
Deberían ser por tanto los jueces, ante quienes deben comparecer los identificados como autores de actos vandálicos, quienes deberán asumir que en las condenas que en su caso se les impongan se incluya la responsabilidad civil de sus actos. ¿O no? Pero eso es “judicializar” el conflicto, y desde los diversos consocios interesados de Sánchez, y de modo expresivamente afirmado por la líder de sumar, Yolanda Díaz, a la que de modo inequívoco se acaba de sumar la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, hay que retirar de los jueces el resolver para pacificar el conflicto entre Cataluña y el Estado. Pero si esa amnistía borra el delito, todos los delitos, relacionados con el procès, ¿van a quedar impunes los asaltos y saqueos cometidos, y si los afectados no tuvieran seguro que contemplara esos actos, ¿a quién van a reclamar y quien los compensará?
