Resulta muy curioso el análisis de la serie de críticas y descalificaciones que están mereciendo los acuerdos de PP y Vox para el gobierno de la Comunidad Valencia y varios ayuntamientos, por entender que es una “anormalidad democrática”, que es la descalificación más suave que se ha considerado desde las posiciones del Gobierno y sus consocios. En el plano estrictamente jurídico formal es inevitable remitirse a otros casos en que se justificaron otros pactos y acuerdos que también produjeron estridencias en la sociedad española. Pero en este caso se consideraron que formaban parte de la “normalidad democrática”. De ese modo calificó la vicesecretaria del PSOE y ex portavoz parlamentaria Adriana Lastra para justificar las negociaciones con Bildu y el apoyo de los abertzales (“amantes de la patria”) que lidera Arnaldo Otegui a los presupuestos generales dentro de un paquete de contramedidas, especialmente relacionadas con el trato a los presos de la banda ETA en prisión. En todo caso, se resaltó que lo que para algunos es el brazo político de aquella, y que tiene los mismos objetivos, es un partido que defiende sus ideas dentro del marco democrático, amparado como partido legal por la Constitución. Y eso es cierto, entonces resulta inevitable si ese concepto sirve para amparar al partido de Otegui por qué no es aplicable a otro partido igualmente democrático dentro de la Constitución, con otras ideas como es el caso de VOX.
Porque en ese plano teórico formal parece que tan legítimos deberían ser los pactos del PSOE de Sánchez con Bildu o ERC como los del PP con Vox. En el caso de Valencia, que es el paradigma, la crítica se centra más en el programa de Gobierno y en determinadas estridencias que, desde luego, llama la atención y que resultan llamativas en cierta medida innecesarias por la previsible reacción que cabía esperar. Una de las más severas críticas se centra en la postura de Vox con respecto a las autonomías que sigue siendo hoy en día un asunto controvertido por el modo en que en la Transición Clavero Arévalo impuso el “café para todos”, como modo de disimular las cesiones de fondo al País Vasco y Cataluña y en menor medida a Galicia. Controvertido en cuento a que desde diversos sectores se sigue considerando que se perpetraron errores de graves consecuencias presentes con respecto a la cesión de determinadas competencias que desmontaron la necesaria homogeneidad de un Estado en cuestiones esenciales y de enorme trascendencia.
En todo caso, es un asunto de debatir dentro del marco adecuado, que es el Congreso de los diputados, donde cada partido tiene el mismo derecho a exponer y defender sus posiciones. Y si a unos les parece que el asunto de las autonomías debe ser revisado (hoy de difícil encaje) otros dicen, como dijo Otegui “que hay de destruir España” en orden a los objetivos de su partido, para el cual el temporal apoyo a Sánchez forma parte de una estrategia a largo alcance, pero irrenunciable, para salirse de España y constituir la república vasca. Y desde esa misma tribuna del Congreso, donde cada uno expone lo que piensa y desea, podemos asistir a declaraciones como las de la dirigente de otro partido consocio del Gobierno de progreso de Sánchez, Montserra, Bassa, de ERC, cuando se discutía su última investidura: “Me importa un comino la gobernabilidad de España”. Y añadió que se iban a abstener porque creen en el “diálogo” para construir una República catalana desde “la cordialidad con España” también y por la empatía que le recomendaban sus compañeros entonces presos y que serían indultados. Y no pasó nada. Es un decir, porque se reformó a la carta de Código Penal para dejar sin efecto la sanción a sus conductas. Por ello, dentro de este contexto, insisto, en el plano teórico formal, ¿es una anomalía democrática que el PP y Vox lleguen a acuerdos, y no lo es que el PSOE se entienda con los independentistas de Bildu o ERC, cuyo objetivo es salirse del Estado? En uno y otro caso, son proyectos políticos, ciertamente divergentes, pero con el mismo derecho a ser defendidos dentro del marco democrático que ampara la Constitución. Y en medio, en todo caso, del debate, por si no fuera suficiente, se producen “boutades” como la del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien hubo de retractarse (no sin antes sus compañeros de partido trataron vanamente de disculparlo con peregrinas ocurrencias) tras haber elogiado la ejemplaridad de Bildu en la presente legislatura “frente a los patrioteros de pulsera”, por PP y Vox.
