De lo que va trascendiendo, que no es mucho, ciertamente, de la transacción que negocian los representes del PSOE con los de Esquerra Republicana de Cataluña, para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno, a cambio de que los independentistas catalanes allanen el camino hacia sus objetivos, que no es otro que la república catalana, cosa que afirman un día sí y otro también, es posible ya recapitular el cuadro de la negociación y que se puede resumir:
1º.-Se hace presidente a Sánchez, tras haberle arrancado una serie de cesiones conocidas y otras que iremos descubriendo. 2º.-Cambio de lenguaje: El conflicto catalán no es un problema de convivencia, sino político. 3º.-Se evita en todo momento volver a referirse a la Constitución como marco que debe delimitar todo acuerdo o negociación sobre el indicado problema. Para salvar formalmente la cara se habla, en abstracto de “garantías jurídicas”, como si pudieran cerrarse acuerdos jurídicos en disonancia con la Constitución. 4º.-Se debe renunciar al aparato judicial para perseguir las acciones delictivas definidas en el Código Penal. Y en consecuencia, se pone sobre la mesa la amnistía a los sedicentes en prisión. 5º.-Se reconoce el estatus del gobierno regional, de la Generalitat, como interlocutor del mismo nivel, rango y capacidad que el del Estado. Se negocia entre iguales. 6º.-Se impone al aspirante a jefe de Gobierno que imponga al abogado del Estado la aplicación de medidas para que el condenado Junqueras sea puesto en libertad. 7º.-Se pacta un calendario y contenido de las negociaciones que el pretendiente a presidente de Gobierno debe cumplir, una vez colocado, conforme al pacto previo secreto.8º.-Se acusa del "procés" no a quienes lo ejecutan y ponen en marcha, sino al Gobierno del momento que trató de impedirlo, véanse, si no, las declaraciones de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en ese sentido.
Sobre este panorama, se especula que una de las medidas que el PSOE puede activar ante las exigencias de ERC sea el relevo de María José Segarra como Fiscal General del Estado, dado que ésta ha seguido la línea de defensa del interés del Estado frente a los independentistas que marcó José Manuel Maza, fallecido en noviembre del 2017, en el caso contra los líderes del proceso separatista catalán. Se trata de sustituirla por un funcionario que mantenga una postura más benevolente con los sedicentes en su conjunto y que resuelva en interés de éste el peliagudo asunto de la puesta en libertas de Junqueras.
Por una parte, el Gobierno en funciones trata de mantener la apariencia de respeto a la independencia del sistema judicial, y en concreto de la fiscalía, cuya actuación puede satisfacer a ERC y aflojar las imposiciones de ésta a Sánchez para hacerlo presidente. Sobre este escenario, conviene seguir las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, que culpa ahora al PP de la responsabilidad del “procés”, obviando la propia de Zapatero, como desencadenante del propio Zapatero (“Aceptaré el Estatut que envíe el Parlament”, como adelantó en su día, o el propio proceso en sí mismo, desde que Rajoy negó a Mas un pacto fiscal como el vasco hasta el ilegal referéndum y los acuerdos del Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Puigdemont y Torra, contrarios a la Constitución.
La señora Calvo culpa del proceso que el propio Sánchez calificó de “acto de rebelión” a quienes trataron de evitarlo. Conviene recordar las manifestaciones del que fuera jefe de la Sección Penal de los abogados del Estado, Edmundo Bal, disconforme con la rebaja de calificación que impuso Sánchez antes del juicio al proceso catalán. Bal manifestó que "Sería una vergüenza, sería una instrumentalización absolutamente inaceptable de la Abogacía del Estado como órgano técnico que el Gobierno diera desde el punto de vista político consignas para que la Abogacía del Estado presentara un escrito ante el Tribunal Supremo asumiendo las posiciones de la defensa. Una barbaridad". Bal dijo que esperaba que Abogacía siguiera el mismo criterio que la Fiscalía General del Estado en la petición al Tribunal Supremo: que hiciera efectiva la inhabilitación de Oriol Junqueras cuanto antes y se lo comunicara al Parlamento Europeo para que no adquiera su condición de eurodiputado. Y concluyó: "Por favor, a la Abogacía del Estado que no la manipulen, que no la utilicen, que no la instrumentalicen con fines puramente políticos porque es la Abogacía del Estado y no la Abogacía del PSOE".
