La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido a Esquerra Republicana de Cataluña la reforma del título VIII de la Constitución, referido a la organización territorial del Estado, al tiempo que el Parlamento de Cataluña volvía a ignorar al Tribunal Constitucional y aprobaba sendas resoluciones recusando al Rey y aprobando el derecho a la autodeterminación para la independencia de Cataluña. Y por si faltaba algo, el presidente de la Generalitat, señor Torra, requería su presencia en las negociaciones entre gobiernos, al mismo nivel, el de España con el suyo propio para solventar el conflicto catalán, anunciado que pondrá sobre la mesa el derecho de autodeterminación.
Para llevar a cabo sus propósitos anunciados, el “sanchismo” (término que debemos usar de modo más preciso que el del “PSOE) no tiene otra vía que la reforma de la Constitución, no sabemos en qué sentido, pero el asunto no es fácil de no existir un amplio consenso político como en 1978. No se puede correr el riesgo de repetir los errores del pasado y hacer la Constitución de todos en la unos pocos. En ese sentido, cabe recordar que el diputado comunista y ponente Constitucional Jordi Solé Tura ya dijo en su día que el principal mérito de aquella Constitución era que “sin gustar a todos del todo, a todos les gustaba un poco”.
El trámite reformar la Constitución está recogido en el título X, entre los artículos 167 y 169 y establece dos tipos de procedimiento, uno sencillo y otro más complejo, dependiendo de qué materias se quieren modificar. Los ponentes de nuestra Carta Magna fueron previsores, al dejar atada la necesidad de mayorías reforzadas para modificarla. El primero requiere el apoyo de tres quintos de ambas Cámaras, 210 diputados y 159 senadores, y no exige obligatoriamente un referéndum para su aprobación, salvo que así lo solicite de forma expresa un 10% del Congreso o del Senado.
La reforma del título VIII afectaría a un aspecto esencial del Estado, la organización territorial y el marco autonómico. Sánchez y sus consocios no cuentan con las mayorías necesarias en tal supuesto. La reforma tendría que solicitarla dos tercios de cada Cámara, 234 diputados y 177 senadores. A continuación, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones. Las nuevas cámaras surgidas de ese proceso electoral deberían ratificar y aprobar por esa mayoría de dos tercios el nuevo texto constitucional que obligatoriamente tendría que ser sometido a referéndum para su ratificación definitiva.
Es evidente que por mucho que sume, Sánchez no alcanzaría ni de lejos el número de diputados y senadores que precisa. De momento, la Constitución ha sido reformada dos veces, y se fundamentó en el acuerdo del PSOE y el PP. La primera en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht introduciendo el derecho de sufragio para que los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en las elecciones municipales. La segunda, tuvo lugar en 2011 cuando ambos partidos pactaron la reforma del artículo 135 para anteponer el pago de la deuda al gasto público.
Para llevar a cabo sus propósitos anunciados, el “sanchismo” (término que debemos usar de modo más preciso que el del “PSOE) no tiene otra vía que la reforma de la Constitución, no sabemos en qué sentido, pero el asunto no es fácil de no existir un amplio consenso político como en 1978. No se puede correr el riesgo de repetir los errores del pasado y hacer la Constitución de todos en la unos pocos. En ese sentido, cabe recordar que el diputado comunista y ponente Constitucional Jordi Solé Tura ya dijo en su día que el principal mérito de aquella Constitución era que “sin gustar a todos del todo, a todos les gustaba un poco”.
El trámite reformar la Constitución está recogido en el título X, entre los artículos 167 y 169 y establece dos tipos de procedimiento, uno sencillo y otro más complejo, dependiendo de qué materias se quieren modificar. Los ponentes de nuestra Carta Magna fueron previsores, al dejar atada la necesidad de mayorías reforzadas para modificarla. El primero requiere el apoyo de tres quintos de ambas Cámaras, 210 diputados y 159 senadores, y no exige obligatoriamente un referéndum para su aprobación, salvo que así lo solicite de forma expresa un 10% del Congreso o del Senado.
La reforma del título VIII afectaría a un aspecto esencial del Estado, la organización territorial y el marco autonómico. Sánchez y sus consocios no cuentan con las mayorías necesarias en tal supuesto. La reforma tendría que solicitarla dos tercios de cada Cámara, 234 diputados y 177 senadores. A continuación, se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones. Las nuevas cámaras surgidas de ese proceso electoral deberían ratificar y aprobar por esa mayoría de dos tercios el nuevo texto constitucional que obligatoriamente tendría que ser sometido a referéndum para su ratificación definitiva.
Es evidente que por mucho que sume, Sánchez no alcanzaría ni de lejos el número de diputados y senadores que precisa. De momento, la Constitución ha sido reformada dos veces, y se fundamentó en el acuerdo del PSOE y el PP. La primera en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht introduciendo el derecho de sufragio para que los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en las elecciones municipales. La segunda, tuvo lugar en 2011 cuando ambos partidos pactaron la reforma del artículo 135 para anteponer el pago de la deuda al gasto público.
