Tiene toda la razón el poliministro Bolaños: El Gobierno y el PSOE han hecho una aportación original a la ciencia del Derecho: que los propios delincuentes diseñan las leyes a la medida de su impunidad y emplacen a los jueces a aplicarla, bajo la amenaza de incurrir en delito, conforme al Código Penal de cuya aplicación están exentos. Para saber de qué va la amnistía y sus efectos, hay que dejar de seguir lo que dice el presidente Sánchez y sus ministros. Es más fiable tomar nota de lo que dice Puigdemont, remacha Turulll y advierte Laura Borrás, la ex presidenta del Parlament, condenada a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes: La lograda amnistía no es meta de llegada, sino trampolín “para la independencia de nuestro país” y el procès se reactivará cuando regrese triunfalmente del exilio Puigdemont, tras vencer a imponerse al Estado opresor, si bien habrá que estar vigilante para evitar en el futuro nuevas agresiones al independentismo. Y ello no descarta la vía unilateral. El huido no ha cedido nada y ha obtenido el valor en oro de sus siete votos esenciales para que Sánchez siga en la Moncloa.
Sánchez mantiene que del mismo modo que los indultos iniciales fueron buenos para España (¿en qué) y “normalizaron la vida política en Cataluña, como hemos visto, pregona ahora que la amnistía será mejor para España y la democracia española, con el mismo fervor que hace unos meses afirmaba en el mismo tono que la amnistía era imposible y nunca la concedería su Gobierno por no caber en la Constitución y menos el referéndum. Y a eso le han respondido Rufián y Aragonês, recordándole que si hace unos meses la amnistía era imposible, ¿por qué no va a serlo el referéndum?
Estas cosas de Sánchez recuerdan mucho al paradigma de lo que se llama “el idiota moral”, concepto aparecido hace unos años para aplicar a las incongruencias de algunos personajes. Hace ya unas décadas, el ensayista Norbert Bilbeny acuñó la expresión “idiota moral” para referirse a aquel individuo que, teniendo un grado más o menos óptimo de desarrollo de su inteligencia, era, sin embargo, incapaz de distinguir las implicaciones éticas de sus actos y de sus decisiones. Lo explica el libro “El idiota moral: la banalidad del mal en el siglo xx”. También es cierto que en la historia reciente de España nadie como Pedro Sánchez se ha referido a “mis principios”, como sustento de sus actos. Y ha diseñado un nuevo concepto de la mentira, que no es decir cosas falsas, sino cambiar de opinión en un momento.
Para el conjunto del país, la amnistía es una nueva fase de aquella España que diseñó Zapatero para una reformación profunda de su presente y su historia, a partir de que el concepto mismo de Estado es discutible y discutido. Y cedió a quien pretendía una España asimétrica, rubricada con la frase de que “aceptaré el Estatut que me mande el Parlamente”. Y ahí esté presente arropando a su mejor continuador, este cónsul del Chavismo. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha culpado al PP de las consecuencias del 'procés', ha reclamado a quienes dudan que confíen en él y ha defendido que la Ley de Amnistía pactada con Carles Puigdemont "hará más fuerte a España". El responsable es el Gobierno que aplicó la legislación en vigor y la Constitución y no quienes se alzaron contra ella. Por eso reconoce que fue el Estado quien agredió los legítimos derechos de los independentistas, dejando sin efecto las consecuencias de sus actos conforme al Código Penal común y vigente de cuyo alcance quedan exentos, mediante rebuscadas fórmulas. Sánchez ya prometiera al juez Vidal, redactor de la Constitución Catalana, reponer aquellos aspectos del Estatut que bendijera Zapatero para su amigo Maragall y que cuando fue puesto a refrendo de los catalanes no acudiera a votarlo ni el 50 por ciento de los electores. Pero que sustraía a la competencia del Estado materias no cedidas, dotaba a Cataluña de Poder Judicial propio, dejaba a la comunidad fuera de las competencias del Defensor del Pueblo y reconocía a aquella comunidad como una nación en todos los sentidos. Lo más curioso es que cuando se aplicó posteriormente el 155, Sánchez estaba de acuerdo con los mismo que ahora considera responsables de los efectos del procès.
Sánchez mantiene que del mismo modo que los indultos iniciales fueron buenos para España (¿en qué) y “normalizaron la vida política en Cataluña, como hemos visto, pregona ahora que la amnistía será mejor para España y la democracia española, con el mismo fervor que hace unos meses afirmaba en el mismo tono que la amnistía era imposible y nunca la concedería su Gobierno por no caber en la Constitución y menos el referéndum. Y a eso le han respondido Rufián y Aragonês, recordándole que si hace unos meses la amnistía era imposible, ¿por qué no va a serlo el referéndum?
Estas cosas de Sánchez recuerdan mucho al paradigma de lo que se llama “el idiota moral”, concepto aparecido hace unos años para aplicar a las incongruencias de algunos personajes. Hace ya unas décadas, el ensayista Norbert Bilbeny acuñó la expresión “idiota moral” para referirse a aquel individuo que, teniendo un grado más o menos óptimo de desarrollo de su inteligencia, era, sin embargo, incapaz de distinguir las implicaciones éticas de sus actos y de sus decisiones. Lo explica el libro “El idiota moral: la banalidad del mal en el siglo xx”. También es cierto que en la historia reciente de España nadie como Pedro Sánchez se ha referido a “mis principios”, como sustento de sus actos. Y ha diseñado un nuevo concepto de la mentira, que no es decir cosas falsas, sino cambiar de opinión en un momento.
Para el conjunto del país, la amnistía es una nueva fase de aquella España que diseñó Zapatero para una reformación profunda de su presente y su historia, a partir de que el concepto mismo de Estado es discutible y discutido. Y cedió a quien pretendía una España asimétrica, rubricada con la frase de que “aceptaré el Estatut que me mande el Parlamente”. Y ahí esté presente arropando a su mejor continuador, este cónsul del Chavismo. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha culpado al PP de las consecuencias del 'procés', ha reclamado a quienes dudan que confíen en él y ha defendido que la Ley de Amnistía pactada con Carles Puigdemont "hará más fuerte a España". El responsable es el Gobierno que aplicó la legislación en vigor y la Constitución y no quienes se alzaron contra ella. Por eso reconoce que fue el Estado quien agredió los legítimos derechos de los independentistas, dejando sin efecto las consecuencias de sus actos conforme al Código Penal común y vigente de cuyo alcance quedan exentos, mediante rebuscadas fórmulas. Sánchez ya prometiera al juez Vidal, redactor de la Constitución Catalana, reponer aquellos aspectos del Estatut que bendijera Zapatero para su amigo Maragall y que cuando fue puesto a refrendo de los catalanes no acudiera a votarlo ni el 50 por ciento de los electores. Pero que sustraía a la competencia del Estado materias no cedidas, dotaba a Cataluña de Poder Judicial propio, dejaba a la comunidad fuera de las competencias del Defensor del Pueblo y reconocía a aquella comunidad como una nación en todos los sentidos. Lo más curioso es que cuando se aplicó posteriormente el 155, Sánchez estaba de acuerdo con los mismo que ahora considera responsables de los efectos del procès.
