Mucho se habla estos días de que se deben hacer públicos los sondeos que se hicieron, por parte del Gobierno de Suárez, para ver qué resultado tendría un referéndum república-monarquía, antes de la Constitución, y que fue desechado porque se perdería la opción de la Corona. El 28 de mayo de 1975, Calvo Serer, consejero de don Juan de Borbón, y que expresaba los puntos de vista de éste, digirió una carta a Juan Carlos, donde le decía que la monarquía solamente sería posible si era aceptada por el pueblo español. Escribía que era necesario hacer posible la salida pacífica del régimen mediante la sucesión de Franco en don Juan, sin que ella supusiese la identificación de la monarquía con el régimen y en consecuencia proponía literalmente: “Transmisión de la legalidad representada por V.A. a la legitimidad histórica del jefe de la Dinastía y que ambas soliciten el reconocimiento y apoyo del pueblo español en un referéndum realmente libre; es decir, la consecución de la legitimidad democrática hoy universalmente válida. Y movilización de los representantes del poder social que obligaría a Franco a retirarse procediéndose a la consulta popular.”
Es decir, un referéndum. O sea, exactamente lo mismo que exigían entonces las fuerzas democráticas. A partir de 1974, surge primero la Junta Democrática, nucleada alrededor del Partido Comunista, otros partidos menores, el Partido Socialista Popular y 1975 se constituye, alrededor del PSOE, la Plataforma de Convergencia Democrática, en la que se instalan socialdemócratas y demócratas cristianos. Por fin, en 1976, las dos plataformas convergen en una sola, de variadísima composición, que tomará el nombre de Coordinación Democrática. Pero ese referéndum nunca fue convocado, según revelaría años después el presidente Suárez aunque se pensó en ello; si bien el pretendiente Juan de Borbón esperaba que justamente lo beneficiara a él, cuestión difícil de imaginar entonces y ahora.
A estas alturas, la sociedad española merece que se levante el manto del misterio o del secreto y se conozcan, porque sin duda se conservan, aquellos datos que hicieron a Suárez desistiera de convocar un referéndum. En cambio, se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia pretensión de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos y ni tan siquiera celebrara ese debate se realizara en los propios medios de comunicación. La herramienta esencial para hurtar el debate y sus consecuencias en la opinión pública fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas.
¿Qué pasaría si se les diera la voz a los españoles de entonces que, en proporción mayoritaria, para pronunciarse sobre cuestiones como la propia monarquía, con capacidad efectiva de expresarse sobre la misma? Cuando se votó la Constitución de 1978 no se planteaba esa alternativa. Y una evidencia de que la monarquía era incuestionable es el propio texto de la Constitución que Juan Carlos no juró, sino que proclamó y que, al contrario de las anteriores, no dice "el rey de España es" (o sea, que está antes), sino que la Corona la heredan sus sucesores. Pese a que la Constitución señala que hombres y mujeres son iguales en derechos, la sucesión a la Corona reproduce el mismo texto de la Ley de Sucesión de Franco, lo que da preferencia al hombre sobre la mujer, como aquí sucedió. Actualmente el PSOE coincide con la derecha en cuanto a impedir, cada vez que el asunto del referéndum o alguna forma de consulta ha pretendido llevarse al Congreso que la mera propuesta saliera adelante, ni tampoco el debate república-monarquía se plantea hoy en sus congresos.
