El bochornoso espectáculo al que acabamos de asistir, con motivo de la celebración del 2 de mayo en Madrid merece algunas reflexiones y nos deja la amarga evidencia del escaso respeto a la mínima cortesía institucional por ambas partes. Veamos. El 2 de mayo es una fiesta de carácter general de una comunidad autónoma con dos características: la preside obviamente la autoridad que la organiza y está sujeta a determinadas precisiones por celebrarse en la capital de España. El carácter simbólico de esta fecha merece, pues, especial reconocimiento por parte de las autoridades del Estado. Si el presidente del Gobierno, en este caso, Pedro Sánchez, es invitado puede hacer dos cosas: acudir en persona o designar a quien lo represente o sustituya. En este caso, excepcionalmente, como en el del que representa al Rey en un acto oficial, debe recibir los honores y tratamientos que corresponden al representado; pero no en todos los demás. En este caso, ya de entrada, estuvo mal que no fuera expresamente representado el presidente del Gobierno. Porque si no va o designa a quien lo represente es él quien incurre en descortesía, pero no el anfitrión que lo invita, que a mi entender muestra ese respeto y actúa correctamente. Primer fallo, en este caso, a mi entender.
Sentado esto, en el caso que comentamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no tiene obligación de invitar a todo el Gobierno, sí lo hizo con la ministra de relaciones con la Comunidad Autónomas, quien, a su vez, declinó su representación, o sea, pasó el asunto, al de Presidencia, señor Bolaños que no estaba formalmente invitado. En este caso, representación no es lo mismo que sustitución, y por lo tanto, hasta podía acudir de modo personal, sin estar invitado, como un ciudadano más. Es decir, que no podía saltarse las normas que rigen en el ordenamiento del protocolo oficial. Y ahora viene la segunda parte, dado lo violento de la situación, ¿debería habérsele permitido subir a la tribuna presidencial junto a la anfitriona, presidenta de la Comunidad, la ministra de Defensa, alcalde de Madrid y autoridades militares? Yo diría que, en ocasiones, por economía procesal hay que ser cortés y educado con quienes no lo son. De ahí que, porque esto no es ciencia exacta, unos estimen que se hizo bien al cerrarse el paso a la tribuna y otros entienden que dada la situación hubiera sido mejor ceder. Pero el problema era el orden de colocación de una autoridad no invitada, cuando en este tipo de actos el anfitrión ejerce todas las competencias como tal. En todo caso, el Gobierno de España ya estaba representado por la ministra de Defensa en dicha tribuna, y es correcta la presencia del jefe de la oposición en la misma, cosa también criticada.
Como saben, la ordenación de los actos oficiales en el Reino de España lo regula el Real Decreto de Precedencias del Estado 2099/83, que hace tiempo que precisa una revisión a fondo. Entre los puntos fundamentales de su contenido resalta la mayor valencia a las investiduras electivas y de representación que a las definidas por designación, la división de los actos en oficiales y especiales, con particular referencia a los que se celebren en Madrid, el ya citado principio de que la presidencia será ocupada por la autoridad que organiza el acto y que se confiere mayor prelación a la autoridad de la propia residencia. Aparte, legalizada usos y costumbres y regula el propio orden de colocación, en su caso, de los miembros del gobierno. Y como queda dicho, no se reconoce la precedencia a la autoridad que se representa (sustituciones), salvo en el caso de que se ostente la del jefe del Estado o del presidente del Gobierno.
Pero aparte de todo esto, existen unas fórmulas de proceso y comunicación. Lo que denota este caso, es que la clase política española ignora aquello que nos enseña el profesor Giovanni Sartori, cuando dice que los políticos deben tener claro los contenidos de la representación que en un caso ostentan. Primero, la representación legal, derivada del cargo que ocupan por nombramiento o elección; segundo, la representación ideológica o política de los que piensan como él, a los de su partido o ideología; y por última la representación sociológica; es decir, del conjunto de la sociedad, donde existen diversas sensibilidades, pero que deben ser igualmente reconocidas y respetadas en una sociedad democrática. De ahí que, cuando se ocupa un cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid o ministro de la Presidencia, aunque sea desde partidos diferentes, debe privar el respeto y la cortesía institucionales que, en este caso, a mi entender, han brillado por su ausencia. Dicho sea, en términos de defensa y salvo opinión mejor fundamentada.
Sentado esto, en el caso que comentamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no tiene obligación de invitar a todo el Gobierno, sí lo hizo con la ministra de relaciones con la Comunidad Autónomas, quien, a su vez, declinó su representación, o sea, pasó el asunto, al de Presidencia, señor Bolaños que no estaba formalmente invitado. En este caso, representación no es lo mismo que sustitución, y por lo tanto, hasta podía acudir de modo personal, sin estar invitado, como un ciudadano más. Es decir, que no podía saltarse las normas que rigen en el ordenamiento del protocolo oficial. Y ahora viene la segunda parte, dado lo violento de la situación, ¿debería habérsele permitido subir a la tribuna presidencial junto a la anfitriona, presidenta de la Comunidad, la ministra de Defensa, alcalde de Madrid y autoridades militares? Yo diría que, en ocasiones, por economía procesal hay que ser cortés y educado con quienes no lo son. De ahí que, porque esto no es ciencia exacta, unos estimen que se hizo bien al cerrarse el paso a la tribuna y otros entienden que dada la situación hubiera sido mejor ceder. Pero el problema era el orden de colocación de una autoridad no invitada, cuando en este tipo de actos el anfitrión ejerce todas las competencias como tal. En todo caso, el Gobierno de España ya estaba representado por la ministra de Defensa en dicha tribuna, y es correcta la presencia del jefe de la oposición en la misma, cosa también criticada.
Como saben, la ordenación de los actos oficiales en el Reino de España lo regula el Real Decreto de Precedencias del Estado 2099/83, que hace tiempo que precisa una revisión a fondo. Entre los puntos fundamentales de su contenido resalta la mayor valencia a las investiduras electivas y de representación que a las definidas por designación, la división de los actos en oficiales y especiales, con particular referencia a los que se celebren en Madrid, el ya citado principio de que la presidencia será ocupada por la autoridad que organiza el acto y que se confiere mayor prelación a la autoridad de la propia residencia. Aparte, legalizada usos y costumbres y regula el propio orden de colocación, en su caso, de los miembros del gobierno. Y como queda dicho, no se reconoce la precedencia a la autoridad que se representa (sustituciones), salvo en el caso de que se ostente la del jefe del Estado o del presidente del Gobierno.
Pero aparte de todo esto, existen unas fórmulas de proceso y comunicación. Lo que denota este caso, es que la clase política española ignora aquello que nos enseña el profesor Giovanni Sartori, cuando dice que los políticos deben tener claro los contenidos de la representación que en un caso ostentan. Primero, la representación legal, derivada del cargo que ocupan por nombramiento o elección; segundo, la representación ideológica o política de los que piensan como él, a los de su partido o ideología; y por última la representación sociológica; es decir, del conjunto de la sociedad, donde existen diversas sensibilidades, pero que deben ser igualmente reconocidas y respetadas en una sociedad democrática. De ahí que, cuando se ocupa un cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid o ministro de la Presidencia, aunque sea desde partidos diferentes, debe privar el respeto y la cortesía institucionales que, en este caso, a mi entender, han brillado por su ausencia. Dicho sea, en términos de defensa y salvo opinión mejor fundamentada.
