En diciembre de 2022, el catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido que fuera portavoz del PSOE en el Congreso, publicaba un documentado análisis titulado “La quimera del referéndum de autodeterminación”, y afirnaba: “Es una pretensión a la que se agarran ERC y Junts como a un clavo ardiendo, manifestando así la confrontación que mantienen en una inútil exasperación del campo independentista. La formulación que éstos hacen es muy simple: si se ha cedido por el gobierno en los indultos a los líderes del procès, en la sedición y en la malversación ¿por qué no se ha de ceder en el referéndum?”
Decía el Constitucionalista que “No es sólo que la independencia de Cataluña no tenga cabida en nuestro régimen político; es que la mera convocatoria de un referéndum de autodeterminación no es integrable en el sistema constitucional porque trasladaría la soberanía desde el pueblo español a una parte de él”. Y por su cabían dudas concluía: “A los partidos independentistas no les importe tanto el resultado de un hipotético referéndum como la realización del mismo. Porque su sola convocatoria constituiría una rotura del ordenamiento constitucional español. Las y los ciudadanos españoles dejarían de ostentar el poder soberano. […] La soberanía política de España no está ni puede estar fragmentada. Ningún gobierno español admitirá un debate sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en cualquier otra parte del territorio español”.
Pero es evidente que ya aparecen voces que aceptan o proponen la fragmentación o el reparto de esa soberanía, forzando los límites de la Constitución, para rebajar, reducir o simplemente anular la presencia del Estado en algunos territorios, como ya hiciera Zapatero, cuando aceptó sin conocerlo el “Estatut” que saliera de Cataluña –luego corregido por el Constitucional—y que contenía aspectos tan singulares como que el Estado no pudiera aplicar las normas de carácter general en aquella comunidad incluso en competencias no cedidas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado el uso del propio lenguaje del independentismo, al hacer suyas expresiones como “conflicto territorial” o “judicialización del conflicto catalán” o considerar que los ayer sediciosos se alzaron no contra el Estado mismo, sino contra el Gobierno de la Derecha. Y ésta, al aplicar la Ley –cosa que Sánchez en principio aceptara- “judicializó el conflicto”, que no era culpa de quienes se saltaron la ley, finalmente indultados y beneficiados de la reforma del Código Penal, la desaparición de su delito y la rebaja del de malversación. La culpa era del Gobierno del PP. En atención a lograr el apoyo del PNV y de ERC y/o Junts, la siguiente etapa es eso de la reconfiguración del Estado, o sea, más competencias, otro tipo de esquema del mismo y, y por supuesto, más dinero. Y todo eso se puede enmascarar mediante el uso perverso de la propia Constitución para reformarla, retorciéndola todo lo que se pueda, bajo la apariencia de acogerse a ella, interpretarla y cumplirla.
De ahí que resulte especialmente aclaratoria el artículo que el antiguo gurú y ex director del Gabinete de la presidencia de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que marca el camino a su antiguo jefe en un artículo en “La Vanguardia”, titulado “Amnistía y artículo 92”, donde hace un canto a los beneficios que supusieron los indultos y profundiza en lo que llama la “Perestroika española”, que viene a ser una refundación del Estado, reduciendo su presencia en determinados territorios, o sea, el País Vasco y Cataluña. Hay que aprovechar las ranuras de la Constitución, haciendo que sirvan algunas de sus previsiones no precisamente para lo que se incorporaron al texto fundamental. Para ese “reencuentro con Cataluña” dice que “la amnistía en la fórmula jurídica conveniente”. A añade: “Y el reencuentro político, el artículo 92 de la Constitución, consulta sobre un acuerdo como horizonte”. Y como eso sólo será un primer paso, ya proclama que para el 2028 habrá que abordar la reforma toda de la Constitución. Y sentencia que del mismo modo que el indulto funcionó, la amnistía también lo hará. Por su parte, Bildu pone sobre la mesa la salida de la cárcel de los etarras que siguen en ella y el PNV el trato con el Estado “de igual a igual”. Y como España es una pluralidad rebosante, hay que descomponerla poco a poco, y uno de sus instrumentos debe ser el artículo 92 de la Constitución, para colocarle dentro el referéndum que reclaman Junts y ERC y otros y hacer de ella un estado plurinacional como el Imperio Austro-Húngaro o algo parecido.
Decía el Constitucionalista que “No es sólo que la independencia de Cataluña no tenga cabida en nuestro régimen político; es que la mera convocatoria de un referéndum de autodeterminación no es integrable en el sistema constitucional porque trasladaría la soberanía desde el pueblo español a una parte de él”. Y por su cabían dudas concluía: “A los partidos independentistas no les importe tanto el resultado de un hipotético referéndum como la realización del mismo. Porque su sola convocatoria constituiría una rotura del ordenamiento constitucional español. Las y los ciudadanos españoles dejarían de ostentar el poder soberano. […] La soberanía política de España no está ni puede estar fragmentada. Ningún gobierno español admitirá un debate sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en cualquier otra parte del territorio español”.
Pero es evidente que ya aparecen voces que aceptan o proponen la fragmentación o el reparto de esa soberanía, forzando los límites de la Constitución, para rebajar, reducir o simplemente anular la presencia del Estado en algunos territorios, como ya hiciera Zapatero, cuando aceptó sin conocerlo el “Estatut” que saliera de Cataluña –luego corregido por el Constitucional—y que contenía aspectos tan singulares como que el Estado no pudiera aplicar las normas de carácter general en aquella comunidad incluso en competencias no cedidas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha perfeccionado el uso del propio lenguaje del independentismo, al hacer suyas expresiones como “conflicto territorial” o “judicialización del conflicto catalán” o considerar que los ayer sediciosos se alzaron no contra el Estado mismo, sino contra el Gobierno de la Derecha. Y ésta, al aplicar la Ley –cosa que Sánchez en principio aceptara- “judicializó el conflicto”, que no era culpa de quienes se saltaron la ley, finalmente indultados y beneficiados de la reforma del Código Penal, la desaparición de su delito y la rebaja del de malversación. La culpa era del Gobierno del PP. En atención a lograr el apoyo del PNV y de ERC y/o Junts, la siguiente etapa es eso de la reconfiguración del Estado, o sea, más competencias, otro tipo de esquema del mismo y, y por supuesto, más dinero. Y todo eso se puede enmascarar mediante el uso perverso de la propia Constitución para reformarla, retorciéndola todo lo que se pueda, bajo la apariencia de acogerse a ella, interpretarla y cumplirla.
De ahí que resulte especialmente aclaratoria el artículo que el antiguo gurú y ex director del Gabinete de la presidencia de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que marca el camino a su antiguo jefe en un artículo en “La Vanguardia”, titulado “Amnistía y artículo 92”, donde hace un canto a los beneficios que supusieron los indultos y profundiza en lo que llama la “Perestroika española”, que viene a ser una refundación del Estado, reduciendo su presencia en determinados territorios, o sea, el País Vasco y Cataluña. Hay que aprovechar las ranuras de la Constitución, haciendo que sirvan algunas de sus previsiones no precisamente para lo que se incorporaron al texto fundamental. Para ese “reencuentro con Cataluña” dice que “la amnistía en la fórmula jurídica conveniente”. A añade: “Y el reencuentro político, el artículo 92 de la Constitución, consulta sobre un acuerdo como horizonte”. Y como eso sólo será un primer paso, ya proclama que para el 2028 habrá que abordar la reforma toda de la Constitución. Y sentencia que del mismo modo que el indulto funcionó, la amnistía también lo hará. Por su parte, Bildu pone sobre la mesa la salida de la cárcel de los etarras que siguen en ella y el PNV el trato con el Estado “de igual a igual”. Y como España es una pluralidad rebosante, hay que descomponerla poco a poco, y uno de sus instrumentos debe ser el artículo 92 de la Constitución, para colocarle dentro el referéndum que reclaman Junts y ERC y otros y hacer de ella un estado plurinacional como el Imperio Austro-Húngaro o algo parecido.
