Pocas ideas unen a todas las fuerzas políticas españolas (y, por tanto, también catalanas, claro) como esta: Quim Torra, el molt honorable president de la Generalitat, es una catástrofe ambulante. Lo piensan el Gobierno central, la oposición, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y parte de los descendientes de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya. Lo piensa hasta el Partido Nacionalista Vasco, fíjese usted. A Torra le queda poco recorrido político, aunque puede hacer mucho daño en el tiempo que le resta. Pero corremos, a mi juicio, el riesgo de convertirle en víctima y, por tanto, de enaltecer su figura, como ocurrió primero con el fugado Puigdemont y ahora con Oriol Junqueras.
Ya he señalado que lo peor que ha ocurrido en España en este 2019 de los líos ha sido la quiebra del poder judicial en su sentido más general. El problema catalán no solo ha hecho involucionar a la sociedad española, sino que ha irrumpido como un elefante en una cacharrería en las mismas cuadernas del Estado de Derecho y hasta en el debate sobre la propia esencia del Estado: ¿nación de naciones? Regresa, nada menos, la estéril polémica suscitada hace tres décadas por Anselmo Carretero.
La desmoralización provocada por las varias sentencias europeas en contra de la justicia española, la última la de Luxemburgo sobre la acreditación como europarlamentario del preso de Lledoners, ha hecho que las pugnas entre el Constitucional y el Supremo, de la Fiscalía con el Ejecutivo, de todos contra todos, la irrupción forzada de la Abogacía del Estado, hayan puesto al tercer poder del Estado al borde del estallido. Y ahora, por si todo esto fuera poco y aprovechando el hueco que le deja la Justicia 'clásica', irrumpe en el panorama la Junta Electoral Central.
El PP y Ciudadanos, que se considera que tienen una mayoría en las influencias que pesan sobre la JEC, han impuesto que esta se tenga que pronunciar el próximo día 3, es decir, un días después de que presumiblemente lo haga la Abogacía del Estado, acerca de la condición de preso de Junqueras y también, más importante aún a mi juicio, sobre la inmediata inhabilitación de Torra, anticipándose a lo que decida el
Supremo, cada vez más ninguneado.
Es, ya digo, un inmenso lío, propiciado, de nuevo, por las fuerzas políticas, por todas las fuerzas políticas. Sé de los debates internos en la JEC —y en la Abogacía del Estado, y en el Supremo, y en el Constitucional y en la Fiscalía, y...— sobre la conveniencia de proceder a esta inmediata inhabilitación, que sin duda tendría alguna consecuencia en la delicada y silente negociación del Gobierno central en funciones con Esquerra Republicana para lograr su abstención en la investidura de Pedro Sánchez. Hay quien opina que ello sería, como antes señalaba, potenciar la figura del pésimo gobernante Torra, porque daría origen a un nuevo varapalo jurídico europeo y en los medios de comunicación extranjeros. Otros piensan que es un misil, "un 155 disfrazado", lanzado desde la oposición contra la frágil y mendaz estructura sobre la que Sánchez ha montado su proyectada investidura, que cada día se aleja más en el tiempo.
La inhabilitación exprés de Torra requeriría la anuencia del Parlament, que tendría que sancionar la pérdida de la condición de diputado autonómico del hoy aún president. Y podría provocar la inmediata convocatoria de las elecciones autonómicas (plebiscitarias) catalanas. Y, a partir de ahí, quién sabe qué ocurriría. Este es el último de los líos del año de los líos, y va a ser el primero de este 2020 que se nos echa encima. Pero, eso, adentrarse en el angustioso futuro inmediato, ha de ser objeto de un nuevo capítulo. Comprendo que usted esté harto de todo este embrollo. Pero sepa que tanto a usted como a mí nos afecta sustancialmente. Que desaten de una vez este nudo gordiano.
