Empezemos con los datos para meternos en contexto:
Los ingresos medios por persona en Galicia son de 950 euros, mientras que el de la unidad familiar es de 2.300 euros. Así, las personas de nuestra comunidad autónoma con posibilidad de ahorro y financiación para adquirir una vivienda nueva o usada supone el 58%, mientras que las que únicamente pueden vivir de alquiler se elevan a un 35. Y a todo ello hay que sumarle las que necesitan recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler al tener pocos recursos, y que equivalen a un 7%. Pues bien, este es el contexto en el cual el stock de vivienda de alquiler en el circuito de comercialización suman en Galicia las actuales 3.950. Todo ello con un precio medio en el conjunto de la comunidad de 6,80 euros el metro cuadrado, con un incremento de un 3,5% en la comparativa interanual y con una previsión de alza del 4% para el primer semestre del 2022. Una situación compleja y complicada en las previsiones para el primer semestre del próximo año en el mercado de vivienda en arrendamiento.
La incertidumbre y recelo por parte de los propietarios de viviendas con la próxima entrada en vigor de la Ley de Vivienda estatal, sumado al incremento de costes de productos y servicios nos llevan a que aumenta el porcentaje de personas que no disponen de ahorro o financiación para tener una en propiedad, con lo que aumenta la demanda del alquiler, en especial en las siete ciudades de Galicia y sus áreas de influencia. Si a este contexto económico y social le sumamos el encarecimiento de la vivienda nueva en un 6-8% para el primer semestre y de un 2-3% de la vivienda usada que necesite una reforma -debido al brutal incremento de costes de los materiales de construcción y un encarecimiento de las cotizaciones y retribuciones de un personal cualificado que escasea en la construcción-, pues pintan bastos para decenas de miles de familias gallegas que van tener más difícil, y más encarecido, el acceso a una vivienda en alquiler. Menos oferta, más demanda y todo ello con mucha incertidumbre e inseguridad jurídica para los propietarios, y más caro para los futuros inquilinos. Así se puede sintetizar el escenario para los próximos meses en el mercado de la vivienda en alquiler.
Y es que el anteproyecto de Ley de Vivienda estatal únicamente crea inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación. Aumenta considerablemente el galimatías normativo en materia de vivienda, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. Y mi primera pregunta es en base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler. Y qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios.
Esta próxima ley, invadiría claramente las competencias de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías, tal como propone el Gobierno español. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales.
La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las Comunidades Autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
Los ingresos medios por persona en Galicia son de 950 euros, mientras que el de la unidad familiar es de 2.300 euros. Así, las personas de nuestra comunidad autónoma con posibilidad de ahorro y financiación para adquirir una vivienda nueva o usada supone el 58%, mientras que las que únicamente pueden vivir de alquiler se elevan a un 35. Y a todo ello hay que sumarle las que necesitan recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler al tener pocos recursos, y que equivalen a un 7%. Pues bien, este es el contexto en el cual el stock de vivienda de alquiler en el circuito de comercialización suman en Galicia las actuales 3.950. Todo ello con un precio medio en el conjunto de la comunidad de 6,80 euros el metro cuadrado, con un incremento de un 3,5% en la comparativa interanual y con una previsión de alza del 4% para el primer semestre del 2022. Una situación compleja y complicada en las previsiones para el primer semestre del próximo año en el mercado de vivienda en arrendamiento.
La incertidumbre y recelo por parte de los propietarios de viviendas con la próxima entrada en vigor de la Ley de Vivienda estatal, sumado al incremento de costes de productos y servicios nos llevan a que aumenta el porcentaje de personas que no disponen de ahorro o financiación para tener una en propiedad, con lo que aumenta la demanda del alquiler, en especial en las siete ciudades de Galicia y sus áreas de influencia. Si a este contexto económico y social le sumamos el encarecimiento de la vivienda nueva en un 6-8% para el primer semestre y de un 2-3% de la vivienda usada que necesite una reforma -debido al brutal incremento de costes de los materiales de construcción y un encarecimiento de las cotizaciones y retribuciones de un personal cualificado que escasea en la construcción-, pues pintan bastos para decenas de miles de familias gallegas que van tener más difícil, y más encarecido, el acceso a una vivienda en alquiler. Menos oferta, más demanda y todo ello con mucha incertidumbre e inseguridad jurídica para los propietarios, y más caro para los futuros inquilinos. Así se puede sintetizar el escenario para los próximos meses en el mercado de la vivienda en alquiler.
Y es que el anteproyecto de Ley de Vivienda estatal únicamente crea inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación. Aumenta considerablemente el galimatías normativo en materia de vivienda, a la vez que es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. Y mi primera pregunta es en base a qué parámetros y qué mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler. Y qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios.
Esta próxima ley, invadiría claramente las competencias de Galicia y, bajo mi criterio, es recurrible por su más que posible inconstitucionalidad. Y no solo eso, sino que su aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo estatal y autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías, tal como propone el Gobierno español. Y por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales.
La aplicación de la regulación de los alquileres quedaría en manos de las Comunidades Autónomas, y el presunto recargo del IBI para viviendas vacías, en manos de los ayuntamientos. No ha habido flexibilidad ante los cambios sociales, y los jóvenes y las familias con rentas bajas lo saben perfectamente.
