Las previsiones apuntan a un verano espectacular y a un otoño/invierno duro, pero duro de verdad en lo económico, y lógicamente en lo social. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? ¿Pero como puede ser posible este comportamiento económico tan variable en solo unos meses? Pues la respuesta la encontramos en una brutal y prolongada inflación que está laminando los ahorros de familias y empresas a una velocidad de vértigo. Y sí, este verano las previsiones son excelentes, porque las ganas de viajar, socializar y en definitiva vivir el verano superan cualquier lógica, aunque es perfectamente entendible después de dos años apocalípticos.
Los datos de los centros de estudios de las principales entidades bancarias -y el propio Banco de España- nos avisan de un último trimestre de este año difícil y un 2023 muy duro económicamente hablando. La espiral inflacionista y la perdida de poder adquisitivo es un hecho consumado cuyas nocivas consecuencias serán visibles en pocos meses -ya lo están siendo con el repunte de la morosidad y las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales-, maquillen como se maquillen los datos. Porque la inflación no se trata de un fenómeno meramente coyuntural, como intentan trasladarnos a la desesperada la “troupe” de ministros y ministras de este pésimo Gobierno. Y por si esto fuera poco, la también morosidad de las Administraciones públicas en España en su pago a proveedores se dispara un inasumible e injustificable 28%.
Y en esta coyuntura vuelvo la mirada hacia mi sector, el de la vivienda. Lo que veo es que se repartirán 1.389 millones de euros entre las autonomías en el marco de la conferencia sectorial para la rehabilitación de viviendas. Todo genial, más fondos que nunca para rehabilitar nuestro parque de viviendas. Pues aquí tampoco van bien las cosas, ya que lo que nos transmiten desde las Administraciones es que hay más partida presupuestaria que nunca, y es verdad. Pero lo que no nos dicen es que de las 340.000 viviendas vacías en nuestra Comunidad Autónoma, únicamente un 1,5% está en el circuito de comercialización para su venta . Es decir, el 98,5% de los propietarios de viviendas vacías ni se molesta en comercializarla ni rehabilitarla para su posterior uso. Y es que una licencia municipal tarde de media 14 meses para su otorgamiento y el complejo galimatías burocrático de las ayudas, pues hace desistir a la inmensa mayoría. Y ¿cuáles son las causas principales de esta situación? Pues que los recursos humanos de los Concellos no suelen estar acordes a la cantidad de trabajo y son puestos con mucha rotación y a veces con limitada formación jurídica. Una excesiva burocratización del proceso, que incluye falta de coordinación entre estamentos y de organización en el proceso administrativo. Y también en una falta clamorosa de digitalización en el proceso en las Administraciones locales. Y esto tiene efectos directos que provocan los retrasos de licencias de obra, lo cual deriva en notables retrasos en la puesta en marcha de las actividades económicas en un contexto muy complicado para las empresas y limitando a la vez el crecimiento económico. Y con un elevado coste para las personas físicas o jurídicas que lo asumen a elevados tipos de interés en concepto de financiación para ejecución de las obras. Pero también en un sobreprecio para los compradores de viviendas en municipios con retrasos de más de un año en la concesión. Y por supuesto, en menos recursos económicos en los Concellos, ya que la recaudación de IBI y de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se retrasa o se anulan ante la tardanza.
Este es el resultado de inflación + megaburocracia urbanística.
