Para ser exactos 147.363 millones de euros anuales, según nos dice el INE. Y ¿cómo están repartidos? Pues entre 3.248.000 personas que reciben un sueldo público entre funcionarios, personal laboral, otros tipos de empleados públicos, así como diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, personal de Administraciones provinciales y locales, fundaciones, consorcios y demás entes... casi nada. Hace dos años, la factura pública de estas retribuciones sumaba la desproporcionada cifra de 142.000 millones de euros. Hoy ya suman más de 147.000 millones que salen de nuestros impuestos. Esos mismos impuestos que se repercuten, por ejemplo, en carburantes o en su factura de la luz, para que no piensen ustedes que tales retribuciones se pagan solas o por origen divino.
Este país clama por menos políticos, menos organismos públicos y mucha menos burocracia. Por ello mismo debemos ser exigentes con la gestión de los recursos y servicios públicos, y de soluciones resolutivas ante la brutal crisis económica que nos ha tocado vivir nuevamente. El actual modelo de sector público ya no es sostenible, y se necesita planificación, coordinación, eficacia y ambición para adoptar y ejecutar líneas de actuación y planes de choque imprescindibles para, de una vez por todas, hacer las cosas bien en este país. España tiene que dejar de ser la imagen de la incompetencia, conformismo y desidia que es la foto fija que tienen los demás países europeos de nosotros.
Y voy con los datos: 2.597.712 empleados públicos, de los cuales el 19,7% (512.767) pertenecen al sector público del Estado; el 58,3% (1.514.126), a las Comunidades Autónomas, y el 22% (570.819), a las entidades locales. A este número de funcionarios hay que sumarle personal laboral, asesores por un tubo, personal de diferentes Administraciones y cargos políticos.
El Gobierno de España debe de aplicar de inmediato un ERE en el sector público, excluyendo del mismo servicios tan fundamentales como la sanidad, la educación o las fuerzas de seguridad. Porque las familias y el sector económico español, compuesto principalmente por autónomos y pequeñas pymes, ya no pueden seguir manteniendo un sinfín de Administraciones y organismos públicos, algunos de los cuales son ineficientes, ineficaces y ni tan siquiera tienen contenido.
Sobran, sobre todo, políticos y asesores, y lo manifiesto así de cristalino, observando los datos totalmente objetivos extraídos del Ministerio de Política Territorial. El cual nos dice que nuestro país soporta la abrumadora carga salarial de más de 75.000 cargos públicos y unos 32.000 asesores. A lo que debemos sumar otros 42.000 cargos políticos contratados como “cargos de confianza”, en las diferentes Administraciones y otros 130.000 de libre designación colocados en empresas u organismos públicos varios.
En definitiva, este es el principal recorte que nos solicita Bruselas, y que también solicita la mayoría de la sociedad española. Ahí es donde hay que recortar gasto, y no subiendo más los impuestos a unos españoles y españolas que estamos atravesando tiempos muy complejos, difíciles y de extrema dureza económica en muchos casos.
Y volviendo la mirada hacia mi ciudad, Ourense, observo la tropa de asesores que pululan por su Ayuntamiento. Ya no sé si reír o llorar, o las dos cosas a la vez, porque ahí está el destino final de parte de nuestros impuestos. Cuando estén realizando su declaración de la renta acuérdense de ello.
